Palacio de la Generalitat de Cataluña

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una operación en la que han detenido a 29 personas implicadas en una trama de corrupción por el presunto desvío de dos millones de euros de subvenciones de la Diputación de Barcelona.

La Policía Nacional ha difundido un comunicado a las 12.30 horas de este jueves en el que elevaba hasta 29 la cifra oficial de detenidos por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

La operación, bautizada como ‘Estela’, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. El operativo permanece abierto y ha contado con refuerzos de agentes desplazados desde Madrid, que se han desplegado en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona para registrar sedes de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona pruebas de una trama de corrupción que desvió subvenciones destinadas a proyectos en países en desarrollo.

El TSJ de Cataluña ha emitido un comunicado en el que cifra en dos millones el valor mínimo de las subvenciones objeto de investigación en la Diputación de Barcelona. También ha señalado que se prevén una veintena de registros y entradas tanto en sedes públicas como de distintas empresas catalanas y entidades sin ánimo de lucro.

La Diputación de Barcelona está presidida por Mercè Conesa y ya fue puesta bajo el foco policial por un supuesto fraude de subvenciones. La CUP denunció hace dos años que desde este organismo se habían concedido ayudas para la cooperación al desarrollo a través de contratos opacos.

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior y otros aspectos del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.