Rajoy se dispone a extender el 155 a toda España. Esto es, a imponer el autoritas de la razón legal por encima de la razón política. Ha declarado que en lugar de  convocar nuevas elecciones, va a aprovechar que el sistema permite que el gobierno persista en funciones tras perder el apoyo parlamentario, hasta que se le imponga un intrincado mecanismo de sustitución. Hacerlo, equivale a gobernar por encima de la soberanía parlamentaria; otra forma de estado de excepción, que es la denominación última del llamado 155.

Perder el apoyo parlamentario debiera de ser causa inmediata de disolución de las Cortes. Como en el mundo comercial, no hay gestor que pueda gestionar en contra de la voluntad del principal. Hacerlo, es solo jugar con los tiempos y encarecer los costes del proceso de sustitución impuestos a la ciudadanía. Y es que, además, esa perdida no es coyuntural. Tampoco gozaba el PP de mayoría antes de los nuevos hechos que han dado lugar a la perdida del apoyo de Cs. La condena del caso Gürtel marca un cambio de tercio con el que el PP se ha vuelto radioactivo. Es más, existen serias dudas de que lo que se avecina pueda ser peor de lo vivido. Porque, tras el juicio de la primera etapa de Gürtel, viene una larga lista de otros procesos en curso, relacionados todos con casos de corrupción del PP. Ante dicho escenario, ningún partido se va infligir el daño de dar su apoyo a un partido que se ha negado a reconocer su culpa y afirmar su voluntad de enmienda, convenciendo de la única forma posible, esto es; adoptando medidas radicales y claras en contra de la corrupción. Frente a lo que algunos defienden, y como se ha demostrado en el caso Cifuentes, la hoja de servicio no limpia un borrón, sino que es el borrón el que acaba por ensuciar toda la hoja.

Entonces, lo peor que puede ocurrir es que Rajoy se ponga de perfil y resista, sin capacidad de legislar o gobernar, hasta que todo un mecanismo de censura lo lleve -o más bien lo arrastre- a unas elecciones generales. Como Puigdemont en su día, ha de elegir entre convocar elecciones o desafiar la realidad, aislándose  en una burbuja en que imponga una narrativa que solo convence a un masa minoritaria (aunque puede que no despreciable en número) de fundamentalistas acríticos.

Porque si Rajoy decide que el tema no va con él, no solo se deteriorará la situación del país (qué le puede venir mejor al ala radical del independentismo que un gobierno central amordazado, solitario y en minoría parlamentaria) sino que se comprometerá, una vez más, la imagen de España frente a Europa y al resto del mundo, suscitando serias dudas sobre si los independentistas no estarán tan descaminados con sus  denuncias de carencias democráticas.

Por tanto, si Rajoy persiste en su resistencia a abandonar el poder, extendiendo con ello de facto el 155 a todo el país, estará jugando con el futuro en una forma irresponsable, poniendo en suerte la propia supervivencia del PP, generando inestabilidad política y económica y demostrando que el mensaje que está recibiendo desde los medios de comunicación, los partidos con peso en el parlamento y la opinión de la calle, ni le alcanza ni le importa.

Sería mejor que designase un candidato adecuado para una etapa que se anuncia difícil, posiblemente de oposición o de mero acompañamiento de un partido en el gobierno, y entonase el mea culpa para tratar de borrar parte de la lacra que supone lo que los tribunales comienzan a confirmar. Porque, a diferencia del suyo, el discurso de Bárcenas sí está consiguiendo calar con fuerza; los papeles de Bárcenas son la contabilidad del PP. Y es que Bárcenas, desde la cárcel (él y su mujer) solo tiene ya alicientes para colaborar con la justicia en busca de mejorar las condiciones de cumplimiento de sus condenas y para recomponer su imagen.

Es curioso cómo Rajoy ha conseguido transformar sus dos mayores retos políticos -el independentismo catalán y la corrupción- en sendos enfrentamientos judiciales con dos reos de la justicia; Puigdemont y Bárcenas. Ambas situaciones se han enquistado y ahora puede que se lo lleven por delante después de haber perdido su control al fiarlas a los tribunales. Ambas, también, ofrecían posibilidades de un tratamiento político alternativo que Rajoy desestimó, tal vez porque su formación sea jurídica antes que política. Pero siendo ya tarde para volver la vista atrás, solo se puede sacar la conclusión de que lo que ahora necesita y pide el país es un gobierno más político en sus planteamientos, más dialogante en sus formas y más transparente en sus actuaciones.