La moción de censura contra Rajoy puede trastocarlo todo. Pero, si fracasa, y el Gobierno ‘popular’ continúa, hay muchas posibilidad de que pronto veamos una nueva reforma de pensiones. El PP, víctima de una minoría parlamentaria y de la presión de los pensionistas en la calle, confirmó hoy su marcha atrás, y se mostró dispuesto a enterrar su reforma, y quizás incluso a recuperar el IPC como fórmula de actualización anual de las pensiones.

La admisión del problema del déficit “estructural” de las pensiones llegó hoy de la mano de su portavoz adjunto en el Congreso, José María Barrios. No era más que el desenlace de la retirada de su reforma que el PP pactó hace semanas con el PNV. Y que ahora todos interpretan como un interludio de dos a cuatro años, en el cual negociar.

Durante ese tiempo permanecerá suspendida la reforma del 2013, la que el PP pactó con nadie. Y que ahora, una vez perdida la mayoría parlamentaria, y muy a disgusto de Bruselas, debe decir adiós, con los pensionistas en la calle, viéndoles las orejas a la pobreza, una vez que el IPC volvió a tasas positivas.

Por eso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le puso incluso fecha a la reforma. Durante una comida organizada por la Asociación de periodistas de información económica (APIE), Báñez confió en que las recomendaciones en el Pacto de Toledo estén listas “antes del verano”.

En la misma línea, el portavoz adjunto en el Congreso, José María Barrios, admitió que “el sistema tiene un déficit que hay que calificar de estructural”, cuantificado en 18.800 millones de euros, más los 2.000 o 3.000 millones que costarán los últimos cambios pactados con el PNV, que incluyen mayores subidas para las pensiones más bajas y las de viudedad.

Ya en detalle, el representante del PP se mostró dispuesto a introducir cambios en el índice de revalorización, uno de los caballos de batalla del sistema, y, aunque no el único, sí al menos el más visible, y el que han encendido los ánimos de los pensionistas.

El cuanto a este índice de revalorización, las posiciones de los grupos se han mostrado hoy divididas a lo largo del citado encuentro informativo. Por un lado, PP y Ciudadanos parecen más dispuestos a volver al antiguo sistema, vinculado al IPC, pero solo en el caso de las pensiones más bajas; y buscar en cambio otro sistema para el resto de jubilados, “siempre que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo”, matizó Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos –.

Por el contrario, PSOE y Unidos Podemos prefieren volver a la antigua referencia de los precios para todos los pensionistas, y ajustar luego cuentas a través del IRPF.

El PNV por su parte, también se mostró a favor de volver al IPC como mecanismo de revalorización; no en vano, fue su pacto con el PP el que suprimió temporalmente el nuevo índice de revalorización por espacio de dos años; un retraso que todos los grupos interpretan ahora como una prórroga para reformas sin presión el sistema de pensiones.

Ajuste por demografía

El otro gran asunto es el factor de sostenibilidad, la fórmula que ajusta el importe de las nuevas pensiones a medida que las generaciones que se incorporan al sistema van ganando esperanza de vida. Aunque tenía que entrar en vigor en 2019, su aplicación se ha retrasado hasta 2023, en virtud del acuerdo entre el PP y PNV que permitió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso.

Aquí las posiciones son más difusas, aunque todos los grupos se muestran abiertos a reformular este factor. “Lo que no puede ser es que los pensionistas no sepan lo que van a cobrar”, ejemplificó Iñigo Barandiaran, del PNV.

El alivio de las cuentas de la Seguridad Social es el asunto que cuenta con el mayor apoyo en la comisión del Pacto de Toledo, que lleva dos años elaborando recomendaciones para la reforma del sistema, según desveló Aina Vidal, de la confluencia capitaneada por Unidos Podemos.

Este alivio de las cuentas del instituto de previsión social implica pagar con impuestos, y no con cotizaciones, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, eliminar tarifas planas y otras reducciones y ayudas al empleo, y cargarlas a Presupuestos, entre otras medidas.

Discrepancias

Sin embargo persisten las discrepancias en la comisión parlamentaria sobre cómo financiar los nuevos costes de la Seguridad Social, con impuestos o con cotizaciones; y sobre la conveniencia de crear impuestos específicos o afrontar el déficit “estructural” con imposición general.

También se discrepa sobre la conveniencia de destopar las cotizaciones, sin destopar, o sí, la pensión máxima; ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral; y sobre la mejor manera de reformar la pensión de viudedad y orfandad.