La Memoria del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) desvela que se han presentado en la Audiencia Nacional 259 recursos contencioso-administrativo contra la resolución del Banco Popular en junio de 2017 y otros 114 ante el propio Fondo. Ninguno de los 114 recursos presentados ante el Frob ha prosperado, y la tramitación de los que se han presentado ante la Audiencia Nacional se ha suspendido hasta que los tribunales europeos se pronuncien al respecto.

El Frob reconoce que la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) ha causado una gran controversia, pero recuerda que había que resolver era una situación «de extrema urgencia y complejidad», ante lo cual la institución europea «cumplió adecuadamente con su cometido último, evitando que la inviabilidad de un banco privado lesionara un interés público superior».

También defiende el método elegido para resolver la entidad, que no podía hacer frente al pago de sus deudas o mostraba elementos objetivos que indicaban que no podría hacerlo en un futuro cercano. La venta del negocio evitó entrar en un procedimiento concursal, y «las consecuencias que éste hubiera ocasionado».

El Frob recuerda que tiene un mandato «de servir a un bien público superior, como es la protección de la estabilidad financiera, de los depositantes y, en última instancia, de todos los ciudadanos, evitando el uso de recursos públicos». También reconoce la «enorme severidad de las facultades que la norma atribuye a las autoridades de resolución», lo que provoca que la actuación de los organismos públicos se desenvuelva «en contextos críticos». Ello lleva a la aplicación de medidas «muy rigurosas» que generan perjuicios, «especialmente sensibles cuando hay muchos minoristas afectados por la quiebra de un banco».

Pese a la controversia levantada por la decisión de resolver el Popular y venderlo al Santander al precio de un euro, una vez amortizado a cero el valor de sus acciones y de sus bonos, el Frob considera que «se gestionó la situación de inviabilidad del banco protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto en los depósitos, con continuidad operativa de la institución y evitando el uso de recursos públicos».

Sobre el resto de medidas dirigidas contra las actuaciones del Frob en la gestión de híbridos o el traspaso de activos a Sareb, el Fondo destaca que todos los pronunciamientos de las autoridades han confirmado la «legalidad» de su actuación. También en la totalidad de litigios mercantiles en los que se solicitaba la nulidad de los contratos de compraventa de acciones de entidades en reestructuración o resolución, y que acabaron con sentencia favorable para el organismo.

En materia civil, el Frob insiste en el aval de la justicia al mecanismo de revisión implantado en la resolución de Banco Ceiss y que varios clientes decidieron impugnar ante los tribunales. Y señala la existencia de varios procesos civiles «de envergadura», en tramitación desde el ejercicio anterior, frente a algunos directivos y altos cargos de entidades que recibieron ayuda pública y que habrían incurrido en conductas «reprochables» que pudieron agravar la situación.

57 operaciones sospechosas, a la Fiscalía

Por otra parte, el Frob envió a la Fiscalía Anticorrupción 57 operaciones dudosas, 10 de ellas anteriores a 2010, de entidades nacionalizadas por poder ser constitutivas de delito. A cierre de 2017, el Fondo se encontraba personado en 25 causas penales, 21 de ellas iniciadas por denuncia del propio organismo.

De las 57 prácticas sospechosas, diez de ellas emanan de informes ‘forensic’ en los que se analizaron determinadas operaciones de dudosa racionalidad económica anteriores a 2010, 9 de las antiguas Caja España y Caja Duero (actual Banco España Duero, en proceso de absorción por Unicaja), y una de Sa Nostra (integrada en BMN, ya absorbido por Bankia).

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