Los interrogantes sobre las implicaciones que la salida del PP van a tener sobre el sector eléctrico están unidas a las características de un proceso tan precipitado como está siendo el cambio inesperado de Gobierno. También las dudas quedan vinculadas al tiempo que contará el nuevo Ejecutivo para poder desarrollar iniciativas legales antes que se convoquen elecciones generales y, asimismo, a las prioridades de Sánchez son otras.

Y las incertidumbres se relacionan además con la situación tan especial del gabinete que presidirá Pedro Sánchez: cualquier medida relevante en el área energética, como en todas, precisará del apoyo parlamentario de un conjunto de partidos que sólo parecen compartir algunos objetivos.

Se trata de un sector en el que, pese a que parte de su actividad esté liberalizada, la normativa influye en casi la totalidad de sus ingresos, así como en decisiones operativas como el cierre de centrales de generación. Desde que se conoció la presentación de la moción de censura, las eléctricas han tenido un comportamiento bajista en una Bolsa que también descendía, aunque no han sido precisamente considerados valores refugio.

Medios consultados, a la espera de conocer la composición del Gobierno, estiman que los cambios afectarán en primer lugar al llamado ‘impuesto al sol’, que podría decidirse ante que una ley energética. También tendrían prioridad reforzar el bono social que permite ayudar a afrontar las facturas energéticas a personas con bajos ingresos.

Añaden que algunas claves se pueden detectar en el documento elaborado por partidos políticos y otras instituciones que tiene como meta servir de base a la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética. En él se refleja la posición del PSOE, que estuvo representado por Luis Atienza -ex presidente de REE y asesor del partido en el área energética-.

En el documento, por ejemplo, se percibe diferencias entre el PSOE y Podemos respecto al cierre de centrales nucleares. Pero sí coinciden, así como con otras formaciones, en dar más apoyo a las renovables, en línea con los compromisos con la UE. En esta línea se destaca la posibilidad de que Cristina Narbona forme parte del Gabinete con rango de vicepresidenta. Lo que se da por seguro es que la política energética estará en las mismas manos que la de medio ambiente.

Los analistas bursátiles estiman que en lógica son más vulnerables las eléctricas que tienen más exposición en España, como Endesa y Gas Natural. Y siendo verdad esa conclusión también lo es que las posibles repercusiones precisan de un análisis más sofisticado: que va a pasar con los impuestos a las nucleares, a las hidráulicas, a los infrautilizados ciclos combinado o con la remodelación del mercado mayorista. En principio, el cambio será favorable o neutral para Enagás, por la posición a proegasificación que requiere inversiones, también a Acciona (renovables) y a Siemens Gamesa (pese al escaso peso de España en su facturación).

Y es que el precipitado fin de la legislatura ha dejado muchos temas aparcados, así como un fuerte enfrentamiento entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y las compañías.