Beta Asociados, la firma a través de la que José Moreno Carretero participa en Sacyr, ha impugnado ante el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid los cambios realizados en el reglamento del consejo en la última reunión de este máximo órgano de gestión, la del pasado mes de abril. En virtud de esta modificación, la compañía introdujo la obligación de que los consejeros necesiten «previa y discrecional» autorización del consejo para comprar o vender acciones de la empresa o derivados y otros instrumentos financieros sobre acciones. Moreno Carretero considera que esta «restricción a la libre operación de acciones» afecta «a la transparencia y al buen gobierno, y es contraria a la Ley del Mercado de Valores», según indicó en el comunicado en el que informa de la impugnación.

Lleva así a Sacyr ante los tribunales a una semana de la junta en la que, además, el empresario tiene presentado un complemento al orden del día para, entre otros asuntos, proponer el nombramiento de un consejero delegado y separar así los cargos de primer ejecutivo y presidente que actualmente ostenta Manuel Manrique, quien el próximo año cumple 65 años.

En su comunicado, Moreno Carretero asegura que acudirá a la junta con una participación del 12,566% en el capital social del grupo, porcentaje que le sitúa como segundo mayor socio por detrás de Demetrio Carceller, que cuenta con un 18,1%. No obstante, en ambos casos parte de dichas participaciones se han tomado de forma indirecta, a través de derivados y préstamos de acciones. Moreno Carretero cuenta directamente con algo menos de un 5% y Carceller tiene también a través de préstamos el 3,6% que compró en los últimas semanas para elevar al 18% su porcentaje y contrarrestar a Moreno en la junta. El resto de accionistas de referencia son el expresidente y cofundador José Manuel Loureda, con un porcentaje del 7,8%, el grupo Fuertes, con el 6,2% y el propio presidente, con un 1,55%.

El empresario no cuenta por el momento con respaldo alguno del resto de accionistas, con los que no ha tenido contacto alguno en las últimas semanas. A pesar de ello, un representante del accionista tomará la palabra ante la junta para explicar y defender la media docena de propuestas que plantea a la asamblea con las que, según asegura, busca mejorar el buen gobierno de la compañía.

Además del fichaje de un primer ejecutivo, Moreno Carretero pide que los estatutos de Sacyr mantengan el límite de edad de 65 años de edad para ejercer el cargo de primer ejecutivo. No obstante, se da la circunstancia de que el orden del día de la asamblea presentado por el consejo propone precisamente lo contrario, levantar este límite de edad para que Manrique pueda continuar como primer ejecutivo.

El empresario también pide debatir si Manrique y Loureda deben reintegrar en la empresa lo que cobran por sus puestos en el consejo de Repsol, dado que son vocales en su nombre.

Asimismo, plantea que la junta apruebe un «tope máximo anual» de remuneración para todo el consejo, que se introduzcan cláusulas de ‘clawback’ para poder reclamar retribuciones que se ingresen indebidamente y que la compañía publique cualquier relación contractual entre la empresa y sus consejeros.

De esta forma, en la próxima junta de Sacyr se dirimirá la pugna de poder que se ha desatado entre este empresario y el resto de socios un año después de que Moreno Carretero elevara su participación en la empresa y pidiera más representación en el consejo donde actualmente tiene un sillón que él mismo ocupa.