Ni guiño a Susana Díaz, la rival de Pedro Sánchez en las primarias a la secretaría general del PSOE; ni repetición de la jugada de José Luis Rodríguez Zapatero (nombró ministras a las andaluzas Magdalena Álvarez y Carmen Calvo, nueva vicepresidenta y ministra de Igualdad); ni cuota andaluza (la federación más importante y el granero de votos seguros del Partido Socialista); ni el fácil juego de titular ‘de Montoro a Montero’. Lo más importante de la elección de María Jesús Montero, hasta ahora consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, es que sin mayoría ha logrado sacar adelante nada menos que cinco Presupuestos. Y que Andalucía es una de las contadas comunidades autónomas  que cumple las reglas de estabilidad presupuestaria, logrando el objetivo de déficit y de deuda.

Lo ha hecho pese a ser considerada una durísima negociadora, como ha comprobado su antecesor en el Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las negociaciones sobre la financiación autonómica, o en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en las que María Jesús Montero sobresalía por ser la consejera autonómica más beligerantes con los planteamientos del ministro.

Montero es la consejera que más tiempo lleva en la Junta de Andalucía, lo que también es un dato a tener en cuenta. Lleva con Susana Díaz desde su toma de posesión como presidenta, el el 7 de septiembre de 2013, siempre en la cartera de Hacienda y de Administración Pública.

Precisamente la financiación autonómica será una de sus principales tareas, aunque posiblemente lo más urgente sea empezar a trabajar ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con los que Pedro Sánchez marcará su hoja de ruta económica.

María Jesús Montero tendrá que gestionar las promesas electorales de Pedro Sánchez, como el polémico impuesto a la banca para contribuir a financiar las pensiones públicas; el tributo sobre las transacciones financieras; el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav, mediante el establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor, la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen a Hacienda; y la dotación a la Agencia Tributaria de competencias para supervisar e inspeccionar a estas sociedades de inversión de capital variable; o la subida de impuestos a las rentas más altas. Sin olvidar el impulso a la lucha contra el fraude fiscal, especialmente sobre las entidades de tenencia de valores extranjeros.

El PSOE propuso en su momento cambiar el sistema de pago de impuestos por la actividad económica de los emprendedores, haciendo que se ajuste a los ingresos realmente percibidos. El objetivo es facilitar el inicio de la actividad y acomodar la fiscalidad a la evolución del negocio, con  un sistema de retención vinnculado al nivel de ingresos.

Con la ministra de Transición Energética, Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, deberá implantar el  impuesto sobre las emisiones de CO2, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; impuesto sobre los óxidos nitrosos; la tasa sobre las emisiones de los vehículos de motor, fusionando los actuales impuestos de matriculación y circulación; el impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; o el impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas, entre otras propuestas socialistas de fiscalidad medioambiental.

El PSOE quiere reformar los impuestis especiales sobre Hidrocarburos y sobre la Electricidad y Canon de vertidos.

Pedro Sánchez quiere incrementar la recaudación sin subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores, y mejorando la coordinación entre el IRPF, el mpuesto de Sociedades, el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, para gravar adecuadamente la riqueza, y que los grandes patrimonios contribuyan de una forma más al sostenimiento de los gastos públicos.

También plantea un mínimo común en todo el Estado tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio.

En el Impuesto de Sociedades, se busca ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación, revisando las exenciones y bonificaciones, y estableciendo una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable de las grandes empresas.

El programa socialista contempla también implantar la fiscalidad general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social.