La hoja de ruta se mantiene. Los sindicatos han afirmado hoy su intención de mantener las movilizaciones programadas para el 16 de junio. Las protestas, contra la resistencia de CEOE a subir salarios, servirán además para recordar al nuevo Gobierno de Sánchez la necesidad de un cambio “urgente” en las relaciones laborales en este país.

En el punto de mira sindical se sitúan el abuso de la contratación temporal, por un lado, pero también otros asuntos como las pensiones “miserables” o la fuga del convenio sectorial que se abre con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores a través de las externalizaciones.

De momento, las movilizaciones se mantienen. Aunque las conversaciones con los empresarios se han “intensificado”, CEOE y su presidente Juan Rosell se resisten a firmar el alza salarial reclamada por los sindicatos, según han desvelado este martes Unai Sordo y Pepe Álvarez, máximos responsables de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), respectivamente.

Movilizaciones el 16 de junio

La movilización del 16 de junio se dirigen contra los patronos y en particular contra sus reticencias a aceptar el 3,1% de alza salarial para 2018, y los mil euros de salario mínimo por convenio, que las organizaciones sindicales quieren incluir el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) que ahora se negocia.

Sin embargo, los sindicatos ven con esperanza el cambio de Gobierno que ha aupado a La Moncloa al socialista Pedro Sánchez. Y, aunque mantienen su pretensión de que se retire la reforma laboral de 2012 – la del PP –, se muestran más ambiciosos, y piden a Sánchez ir incluso más allá.

No se conforman con revertir también los cambios del anterior Ejecutivo socialista de Zapatero, volviendo así al escenario anterior a 2010. “Nos gustaría dar un paso adelante”, confirmaba hoy el líder ‘ugetista’, tras destacar que antes de 2010, en el mercado de trabajo español primaba la “precariedad”.

Lo que quieren ahora los sindicatos es un nuevo marco de relaciones laborales, que se parezca a los del resto de países del entorno europeo. Y así se lo harán saber al nuevo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien han mantenido contactos que aún no se han concretado en la fecha para una primera cita desde que Sánchez estrenara el cargo, el pasado sábado.

Sin embargo, además de la confección de un nuevo marco de relaciones laborales, que ataje especialmente el enorme volumen de contratos temporales injustificados, y por tanto en fraude de ley, que se firman en el mercado de trabajo español, la agenda sindical es más amplia.

Impuestos y pensiones

Los sindicatos quieren también que el nuevo Ejecutivo socialista aborde algunos problemas que consideran fundamentales, como los impuestos o las pensiones.

En materia fiscal los sindicatos reclamarán a Sánchez que eleve los impuestos, a fin de situar a España en el entorno europeo en cuanto a presión impositiva; mientras que, en lo relativo a las pensiones, UGT y CCOO exigen al nuevo Ejecutivo que aporte nuevos ingresos al sistema de pensiones, a fin de revertir definitivamente la reforma de pensiones del 2013, y los recortes en la prestación aprobados por el Gobierno del ‘popular’ Mariano Rajoy, quien, tras ser desalojado de La Moncloa, hoy anunció que deja la presidencia del Partido Popular.

Báñez defiende la reforma

Por su parte, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, a la espera de que se conozca aún el nombre de su sucesor, ha defendido hoy la reforma laboral que ahora pretenden derribar los sindicatos.

Báñez ha advertido a Sánchez de que revertir la reforma laboral “podría truncar la senda de creación de empleo” en España, que ha lograda rebajar 20 puntos la tasa de desempleo, elevar la cantidad de mujeres ocupadas a cifras inéditas y recuperar un 82% del empleo destruido por la crisis.

La todavía titular de Empleo, tras mantener un desayuno con los agentes sociales para darles las gracias “por lo que han hecho estos años por España”, ha defendido además la decisión del PP de enmendar sus propios Presupuestos en el Senado, y no ha descartado nuevas subidas de pensiones con las partidas en principio destinadas al País Vasco, que el PP, tras perder el apoyo de los vascos, se muestra dispuesto ahora a recortar en el trámite parlamentario.