Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha formado un Gobierno aparatoso, ante el que el cronista se siente como el asno de Buridán, sin saber si glosar antes la competencia o la presencia mayoritaria de mujeres. Esos dos conceptos básicos han sido manejados con habilidad por el nuevo presidente para formar un Ejecutivo con buena voluntad y corto recorrido. Tan corto que nace con la esperanza de tener al menos cien días de confianza, lo que al decir de algunos socialistas equivale desde esta primera semana de junio a la segunda de septiembre próximo, en la que el presidente debería anunciar la fecha de las próximas elecciones generales. La lucha por el liderato del PP facilita el crédito unas semanas, pero las fotos en la escalera de La Moncloa y en el banco azul del Congreso de los Diputados deberían llevar a Sánchez y sus 17 ministros a aprovechar el flash para la orla.

Manuel Aznar, hermano mayor de José María, me dijo que el único consejo que le dio cuando llegó a la jefatura del Gobierno fue que no hiciese daño. Manuel le sacaba cinco años, estaba afiliado a la UGT, era el nieto favorito del abuelo periodista, quien le legó su biblioteca, trabajaba de funcionario en el Defensor del Pueblo, donde realizó una labor extraordinaria de denuncia y exigencia de mejoras en las residencias de la tercera edad. Comoquiera que el entonces defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, le nombró adjunto para reforzar su misión y autoridad, cayó sobre su hermano la crítica de los parleros más despiadados de la derecha. «No quiero hacer daño a mi hermano, renuncio al nombramiento», me dijo. Los socialistas, comenzando por el entonces secretario general, Joaquín Almunia, le apoyaron sin dudar. Dicho sea de paso, la institución constitucional del Defensor del Pueblo sigue con un presidente interino –el socialista Francisco Fernández Marugán– después de que, a finales de 2017, Soledad Becerril, de 74 años, haya culminado su mandato.

Con independencia de que al gran privatizador Aznar le resbalara el consejo de su hermano como la lluvia por el impermeable y acabara retratado en las Azores con el etílicus de Texas y el córvido de Londres, metiendo a España en una guerra criminal, ilegal e inmoral, lo cierto es que los mejores gobiernos suelen ser lo que menos daño hacen. Y en el caso del primer Ejecutivo de Sánchez, esa certeza viene dada por el hecho de nada puede hacer. Ni un solo decreto, ni una sola medida de fondo podrá adoptar con el concurso de los 83 diputados del PSOE. Su margen de maniobra se reduce a dejar en suspenso los aspectos más lacerantes (y supuestamente inconstitucionales) de la «ley mordaza», combatir los fraudes a la seguridad social derivados de la reforma laboral del PP y ejecutar el Presupuesto, mirando hacia esa tercera parte de la sociedad asfixiada y segregada por las políticas de Rajoy Brey, quien tanta ventura lleve como daño deja a los que menos tienen. El regalo de la ira de sus subordinados no impedirá en todo caso que las pensiones suban este año un promedio equivalente a la inflación prevista.

Cabe suponer la coherencia de las formaciones políticas que respaldaron en el Congreso las derogaciones mencionadas («ley mordaza» y reforma laboral) para convalidar los decretos que las hagan efectivas. También Sánchez puede pedir a los demás grupos (todos, menos el PP) que sean consecuentes con sus iniciativas contra la pobreza infantil, para allegar ayudas a los desempleados de larga duración, para reorientar las becas de estudio según las rentas de las familias y para esbozar el impulso de los nuevos sectores industriales sostenibles (incluido el coche eléctrico, ahora que el petróleo se ha puesto por las nubes) y apoyar el cuarto sector.

Con todo, algo ha de hacer para resolver el problema político y judicial en Cataluña. En lo judicial es menester que la Fiscalía retire los cargos de rebelión y sedición de los que acusa a los huidos y encarcelados para que inmediatamente sean excarcelados y puedan regresar a sus casas. Ni Bélgica ni Alemania aceptan esa acusación. ¿Qué más necesita la Fiscalía para saber que ese cargo es exagerado? ¿Acaso no concurrieron a las elecciones catalanas aceptando la aplicación de la Constitución para recuperar la autonomía? Hace un siglo por estas fechas (el 10 de mayo de 1918) salían de la cárcel de Cartagena los socialistas y dirigentes de la UGT Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, Daniel Angiano y Andrés Saborit. Habían sido acusados y condenados por sedición como organizadores de la huelga general de 1917 contra la acaparación y subida del precio de los alimentos, los bajos salarios y para reducir la jornada laboral a ocho horas. Todos ellos resultaron elegidos diputados en las elecciones generales de marzo de 1918, en las que triunfaron las derechas y formaron gobierno con Antonio Maura de presidente. Por cierto que el líder de la Liga Catalana, antecesora de la Convergencia o PDCat actual, Francesc Cambò, aceptó el cargo de ministro del Reino de España. Pero no fue la izquierda, más débil que ahora, sino alguien tan poco sospechoso como el conde de Romanones (Álvaro Figueroa y Torres Mendieta) quien exigió su liberación incluso antes de ser nombrado ministro de Gracia y Justicia por Maura y en contra de muchos de sus exaltados correligionarios.

La política admite jacobinos (el ministro José Borrell es uno de ellos), federalistas e, incluso, desleales secesionistas. Lo que no admite es cobardes ni corruptos. Lo fácil es hablar con los amigos. Lo valiente y arriesgado es tratar con los enemigos, en el buen sentido de que, como decía Kennedy, hablar no es pactar ni negociar es ceder. A Sánchez la valentía se le supone, aunque para rentar votos con las banderas y propagandas de la unidad nacional no falten los patriotas de hojalata con orejeras, se llamen «populares», se apelliden «barones autonomicos» o se digan «ciudadanos». Y en fin, otra cosa puede hacer Sánchez: anunciar la fecha electoral para mayo de 2019 al tiempo que las municipales, autonómicas y europeas. Es lo que le recomiendan muchos arúspices dentro y fuera del PSOE y lo que dicta el sentido común, con la ventaja personal para él de no tener que someterse a las primarias en su partido para ser candidato.