El Gobierno ha planteado hoy su hoja de ruta para los próximos años en materia de mercado laboral. Tras reunirse con empresarios y sindicatos, el equipo de Pedro Sánchez detecta “consensos” para acometer reformas que reviertan los últimos cambios sobre convenios colectivos. Sin embargo prefieren esperar a una hipotética segunda legislatura para abordar una reforma en profundidad del Estatuto de los Trabajadores (ET).

La primera reunión entre Pedro Sánchez y los líderes patronales y sindicales transcurrió en La Moncloa bajo la atenta mirada de Magdalena Valerio, la nueva ministra de Trabajo que al término de la reunión informó sobre el contenido del encuentro.

Valerio descartó modificar en profundidad de la reforma laboral aprobada en 2012 por el anterior Gobierno ‘popular’. Sin embargo, se comprometió a trabajar por “un acuerdo importante” en algunas materias sobre las que la ministra detecta “puntos de consenso” entre empresarios y sindicatos.

En concreto, Valerio apostó por cambiar en esta legislatura dos aspectos claves en el andamiaje laboral español, como son la jerarquía de normas en la negociación colectiva y la fecha de caducidad de los convenios colectivos.

Ambas materias vienen siendo denunciadas por los sindicatos como dos puntos de fuga por donde se escapa el poder negociador sindical con los últimos cambios operados en 2012.

Sin embargo, Valerio afirma que ve “buena disposición” en los empresarios para retomar el valor central del convenio de sector, por encima del de empresa; así como en alargar la vida útil del convenio colectivo tras su fecha de caducidad, la conocida ultraactividad.

Es verosímil esta buena disposición de los empresarios a reformar estos asuntos, habida cuenta de los varapalos judiciales que han convertido en papel mojado los cambios operados por la reforma de 2012 en estas áreas. Primero en materia de jerarquía de convenios, especialmente en el caso de las empresas multiservicios. Y segundo, en lo relativo a la ultraactividad, también revocada en la práctica por los jueces en múltiples sentencias.

Por eso la ministra no se cansó de alabar la “buena disposición” observada en Juan Rosell y Antonio Garamendi, responsables de CEOE y Cepyme, en su vivita a Moncloa.

Acuerdo salarial

Otro punto caliente de la actualidad pasaba por el pacto salarial que ultiman los empresarios con los sindicatos para el alza salarial de 2018. Y que incluye un salario mínimo por convenio de 1.000 euros, “en torno” a 2020, puntualizó la ministra.

Tanto ellos como sus homólogos sindicales, Unai Sordo, por CCOO, y Pepe Álvarez, por UGT, se encargaron no obstante de recordar que falta aún tela que cortar en el acuerdo salarial bipartito, entre otros mensajes deslizados por los agentes sociales tras su encuentro con el presidente Sánchez.

Estudiarán las ‘tarifas planas’

Si se firma, como parece probable, el acuerdo incluirá una amplia serie de reformas que necesitan del concurso del Gobierno para realizarse. A esta hoja de ruta se agarra el Ejecutivo para presentar su agenda reformista para los próximos meses.

Aunque renuncia a una reforma laboral de calado, el Ejecutivo de Sánchez ve “puntos de consenso” entre empresarios y sindicatos para abordar “con inmediatez” los trabajos que desembocarían en los citados cambios en la normativa de convenios durante esta legislatura.

Además el Ejecutivo anuncia la puesta en marcha de un grupo de trabajo para estudiar la eficiencia de las ayudas el empleo – bonificaciones, reducciones y tarifas planas –, muy cuestionadas desde diversos puntos.

Pero además, el acuerdo entre los empresarios y las centrales incluye un amplio abanico de temas que el Gobierno hace suyos y se compromete a impulsar a fin de lograr consenso tanto social como político.

En concreto esta agenda del cambio laboral incluye, según repasó Valerio, propuestas relativas al sistema de formación, tanto ocupacional como reglada, cambios en el Estatuto de los Trabajadores en materia de subcontratación, ultraactividad y contrato de relevo; así como reformas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que hagan posible acompañar de una paga estatal a los trabajadores que vean reducida su jornada, o que posibilite medidas de recualificación para los trabajadores despedidos.

También se incluyen en el acuerdo bipartito asumido por el Gobierno medidas contra el abuso de la contratación temporal y para atajar el fraude en el uso del contrato a tiempo parcial y con los llamados falsos autónomos; así como impulsar la prevención de riesgos laborales, y medidas de igualdad, basadas en la proposición de ley presentada en el Congreso por los socialistas.

Rosell: “El acuerdo todavía no está hecho”

Por su parte, tras el encuentro, de más de dos horas en La Moncloa, el jefe de los empresarios Juan Rosell resaltó que el acuerdo sobre salarios para 2018 “todavía no está hecho”, y aunque está “muy cerca” puede ocurrir como el año pasado, cuando se frustró.

Por su parte el presidente de Cepyme Antonio Garamendi afirmó que no se trabaja con el planteamiento de derogar la reforma laboral de 2012.

Por su parte, Unai Sordo, de Comisiones Obreras (CCOO), abogó por aprobar reformas en “aspectos centrales” de la normativa laboral española, a fin de convertir nuestro mercado de trabajo en algo más inclusivo, especialmente con mujeres y jóvenes.

Mientras que Pepe Álvarez, de la Unión General de Trabajadores (UGT), pidió un “último empuje” a los empresarios a los que animó a ser “valientes” a fin de aprobar una importante subida salarial que tendrá, dijo, efectos positivos sobre la economía.