El 32% de toda la energía final que se consuma en la Unión Europea en 2030 deberá tener origen renovable, según el acuerdo alcanzado sobre la directiva de energías renovables. Esta directiva servirá de guía para la transformación del sistema energético europeo en los próximos años. El acuerdo incluye una cláusula de revisión al alza en 2023.

El acuerdo se ha alcanzado después de una ardua negociación entre Parlamento, Comisión y los Gobiernos de los 28 estados miembros. La Eurocámara pedía que el porcentaje se elevara al 35%, mientras que los estados miembros querían un 27%, aunque había países que pedían objetivos más ambiciosos y más cercanos a la postura de los eurodiputados, como España. Actualmente, la cuota que suponen las energías renovables ronda el 17%.

Las negociaciones comenzaron a principios de año y desde entonces se han celebrado cinco reuniones. El acuerdo llega después de que los nuevos Gobiernos de España e Italia hayan modificado al alza sus objetivos en este asunto. Así lo plantearon en la última reunión que tuvo lugar el lunes 11 de junio en Luxemburgo. Allí, la delegación española estuvo encabezada por la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que planteó un objetivo de renovables del 34%, superior al que finalmente se ha acordado.

«Este acuerdo es una victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europea hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», ha declarado el comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

La negociación no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030. Sobre este asunto, Arias Cañete ha pedido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que sean «flexibles» y que busquen un «compromiso».

Autoconsumo e impuesto al sol

La nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo, así como el derecho a generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El denominado impuesto al sol estará vetado en la UE hasta diciembre de 2026. A partir de ese año, cada estado podrá decidir si incluye cargas al autoconsumo en función de unos parámetros fijados para que el sistema eléctrico sea económicamente sostenible.

La directiva acepta tres alternativas para aplicar estas tasas. Se podrá gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no es superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8 por ciento de la potencia total instalada de un país).