El Gobierno levantará el peaje de las tres autopistas cuyo plazo de concesión concluye este año y el que viene y que, por tanto, revierten al Estado, según ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

«Hemos decidido que se libere el peaje. Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y el Senado para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje», asgura Ábalos en una entrevista con el diario ‘El País’.

La decisión afectará a tres vías de pago. Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, la primera que, el próximo 30 de noviembre, alcanza el fin del plazo de concesión de cincuenta años con el que en su día se contrataron las vías, y de la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que vencen el próximo ejercico, el 31 de diciembre de 2019.

Estas dos autopistas son concesiones de Abertis, grupo sobre el que ACS y la italiana Atlantia acaban de concluir la OPA que lanzaron para hacerse con la compañía, actual primer grupo gestor de vías de pago en el país, mientras que la AP-1 actualmente es de Itínere.

Las tres vías suman 552 kilómetros de longitud, alrededor del 21% de la red total de 2.550 kilómetros de vías de pago del país, y cuentan con una media de 16.321 usuarios diarios en el caso de la AP-1 y de 16.814 y 15.824 conductores al día en cuanto a los dos tramos de la Tarragona-Alicante, el Tarragona-Valencia y el Valencia-Alicante, respectivamente. La AP-4 tiene unos 18.343 usuarios.

La supresión del peaje en estas vías puede sentar un precedente para las que terminan su concesión en años sucesivos, si bien en ese caso la decisión deberá tomarla el Gobierno de la próxima Legislatura.

Las próximas que concluirán su concesión son la AP-7 que une Barcelona con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, ambas de Abertis y con plazo de finalización en 2021.

En el caso del los referidos tramos de la AP-7, figuran entre los que más volumen de usuarios registran actualmente, con unos 41.672 y 49.736 vehículos diarios, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Fomento, los de cierre del pasado mes de abril. De su lado, la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo contabiliza unos 10.135 usuarios al día.

El titular de Fomento asegura reconocer los «costes» que implica levantar las barreras de peajes, «los de conservación y mantenimiento de las autopistas y el de oportunidad, el que deriva de dejar de cobrar los peajes en el caso de que el Estado decidiera cobrarle».

«Es cierto que, en algún momento, a medida que la red pública vaya aumentando, habrá que plantearse una reflexión sobre los costes de mantenimiento de esta red», reconoce Ábalos.

En cuanto a las nueve autopistas de peaje en quiebra que el Gobierno anterior ‘rescató’ con el fin de volver a ceder su explotación a empresas privadas a través de concurso público este mismo año, el actual titular de Fomento indicó que hará «una revisión ajustada» de estos planes «para saber de qué cifras se hablan y su afectación sobre el déficit».

«Tenemos que hacer una revisión ajustada, porque nos enfrentamos a una responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) y todo parece indicar que vamos a tener un horizonte de litigios considerables con las antiguas concesionarias y es importante saber de qué cifras estamos hablando», asegura el ministro a ‘El País’.