El debate sobre las pensiones llega de nuevo al Congreso. La comisión del Pacto de Toledo se reúne este martes con la intención de sellar un acuerdo. Hasta el momento existe unanimidad en la vuelta del IPC como mecanismo de revalorización. Se discrepa sin embargo sobre el alcance de la medida y en particular sobre qué hacer en épocas de crisis.

Dos bandos bien conformados retoman mañana la discusión sobre el futuro del sistema de pensiones. Por un lado PP, Ciudadanos y PdeCat, que admiten retomar el IPC aunque solo en momentos de bonanza, y reservar la medida, en caso de crisis, a las pensiones más bajas. Y por otro el PSOE y Unidos Podemos, que exigen la vuelta del IPC sin condiciones.

La reunión del Pacto de Toledo devuelve a la actualidad el sistema público de pensiones, cuyo futuro llevan meses discutiendo los diputados. El cambio de Gobierno, y la aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), han acelerado los trabajos. Hasta el punto de que la ministra del ramo, Magdelena Valerio, confía en contar pronto con una nueva recomendación, cuyo contenido permita al Gobierno impulsar una nueva reforma.

La vuelta del IPC

Hasta ahora las principales discrepancias giran en torno a la subida anual. Hasta 2013 esta se articuló esta subida siempre de acuerdo al IPC. Pero la crisis, y el crecimiento del gasto, llevó al PP a reformar en solitario y desechar este mecanismo, optando en cambio por una fórmula que ligaba las revalorizaciones a la economía, y que mantuvo semicongeladas estas prestaciones – con una subida del 0,25% – desde 2013.

Hasta que hace unas semanas, las movilizaciones de los pensionistas, y la debilidad política del anterior Gobierno, forzó al PP a aceptar volver al IPC en 2018 y 2019, y retirar además temporalmente el factor de sostenibilidad, la segunda pata de su reforma, una fórmula que rebaja la pensión inicial al aumentar la esperanza de vida.

Sin embargo, el retorno del IPC como guía de las subidas tiene algunos problemas. PP, PdeCat y Ciudadanos creen que solo debe garantizarse el poder adquisitivo mediante esta fórmula de las pensiones más bajas. Sin embargo, la izquierda parlamentaria, PSOE y Unidos Podemos, considera que todas las prestaciones deben ligarse al IPC, sin otras consideraciones.

Las discrepancias parecen tan insolubles que algunas voces, por ejemplo en el PP, abogan por escribir una fórmula abierta, de tal modo que sea el Gobierno quien decida cada año sobre la subida. Sin embargo, la propuesta despierta muchas suspicacias. Por un lado, porque deja en manos del Ejecutivo la decisión de las subidas, arrebatándola al Pacto de Toledo. Y por otro, porque no garantiza que las subidas igualen al menos al IPC, como reclama la izquierda.

Impuesto a la banca

Los diputados deben decidir además cómo allegar ingresos a un sistema que acumula un déficit que el propio PP califica de “estructural”. Y que este año rondará los 18.000 millones de euros. Para ello los socialistas, desde la oposición, propusieron un impuesto a la banca y las transmisiones financieras. Y tampoco descartan el impuesto a las tecnológicas anunciado por el anterior Gobierno ‘popular’, la llamada ‘tasa Google’.

Sin embargo, los socialistas asumen que estos ingresos no servirán para cubrir totalmente el desfase entre ingresos y gastos. Y todos los grupos son conscientes de que habrá que complementar con dinero procedente de la imposición general, al menos por un tiempo, la deuda del sistema.

De momento el sistema afrontará en las próximas semanas una prueba de fuego. Entre junio y julio la Tesorería de la Seguridad Social deberá abonar cerca de 30.000 millones de euros, procedentes de las dos nóminas de junio y julio, más la extra de verano, y por otro del pago de los atrasos desde enero, comprometidos en los PGE.

Cada nómina ordinaria ronda los 9.000 millones de euros. Y aunque los ingresos crecen a un ritmo del 5,8%, su volumen no alcanza para dar cobertura a los crecientes gastos asociados al pago mensual de casi 9,6 millones de pensiones.

De ellas, 5,9 millones se corresponden con pensiones de jubilación; lo que supone unos 6.400 millones de los casi 9.000 que se abonan cada mes.

Mientras que los 2,35 millones de pensiones de viudedad son la segunda clase más onerosa para el Estado, con 1.500 millones.

Un montante para sufragar el cual el Consejo de Ministros autorizó el viernes el uso de un préstamo de 7.500 millones a la Tesorería de la Seguridad Social.