Le preguntaron al que volvía del infierno qué tal se andaba por allí y contestó que en la entrada bien, pues estaba empedrada de buenas intenciones. En ese principio del camino se halla el presidente Pedro Sánchez. «Voy a gobernar con el Congreso, no contra el Congreso», contestó a Pablo Iglesias en su estreno en la primera sesión de control al Gobierno. Y a continuación anunció el levantamiento del veto a dieciocho iniciativas sociales planteadas por Unidos Podemos y el PSOE que el Gobierno del PP rechazó de facto (ni siquiera permitió que se debatieran y votaran) por entender que incrementaban el gasto público. Quiere decirse que el presidente abrirá un poco la mano sin perder el pulso.

La cuestión por la que se interesó Iglesias era la equiparación entre hombres y mujeres de los permisos remunerados para cuidar a los recién nacidos. El próximo Consejo de Ministros será social, dijo Sánchez, quien previamente se había conducido por el soportal de las buenas intenciones al responder al jabalí del PP Rafael Hernando que los compromisos del Ejecutivo son «la regeneración democrática, la reposición de los derechos y libertades desmantelados y la colocación de las bases para reconstruir la cohesión territorial dañada durante los años de gobierno del PP». «No hagan política divisoria nunca más», pidió a las derechas. De todo ello (también de las pensiones) se habló en el pleno. Vamos por partes.

Cuando Joan Baldoví preguntó al presidente si va a reformar el sistema de financiación autonómica o va a seguir haciendo «un Montoro» a los valencianos, que soportan una deuda de 48.000 millones, pagan más de lo que reciben y son solidarios, Sánchez le contestó que «no», que habrá que esperar a la próxima legislatura, a lo que Baldoví replicó: «No le votamos para que haga lo mismo que el señor Montoro». El exministro de Hacienda se reía en su escaño de diputado raso. Sánchez le respondió: «Hay que ser realistas y no mentir a los ciudadanos». La decepción del de Compromís fue tan mayúscula como la del coordinador de IU, Alberto Garzón, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le contestó que la regla de gasto no se toca, de modo que «el mal llamado superávit de los ayuntamientos», dijo, no se podrá emplear en ayuda al empleo e inversión social. Recordó Garzón cómo la gestión local ha sido decisiva para que el Estado haya podido reducir a poco más del 2% el déficit público y cumplir los compromisos de Bruselas. «Esa regla es injusta y solo tiene una finalidad: destruir el Estado del bienestar», dijo el de IU, ante lo que Montero se comprometió a realizar «un cálculo más colectivo». A saber.

Tampoco las buenas intenciones se concretaron cuando el diputado Joan Capdevilla, del PDECat pidió la reducción del IVA para las compresas, los pañales y otros productos de primera necesidad, incluidos los servicios funerarios. «Es insultante que hasta después de muerto te saquen el 21% de IVA mientras se aplica el impuesto reducido a los espectáculos taurinos», dijo. Le remitió la ministra Montero a lo que se acuerde en Bruselas sobre «el espacio fiscal europeo único». A saber. Con razón dicen que entre Montero y Montoro solo cambia una vocal. Tampoco cambia gran cosa (ni siquiera el género) entre Báñez y la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio en materia de pensiones. Le preguntó la gallega Yolanda Díaz, de UP si las pagas a los pensionistas van a subir lo mismo que la inflación, que ya escala el 2% mientras las pensiones lo hacen al 1,6%, y respondió la de Torremocha (Cáceres) que los ingresos del sistema siguen por debajo de 2011, aunque confía en que aumenten con el pacto entre patronal y sindicatos sobre el crecimiento salarial, la reposición estatal de la cotización social de los cuidadores de personas dependientes y la revisión de las tarifas planas y bonificaciones al empleo precario.

Aparte los reproches del PP al Gobierno por el «uso propagandístico» de la acogida de los más de seiscientos inmigrantes rescatados en alta mar por el buque Aquarios, a los que respondió la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo que «ustedes miraban para otro lado», el pleno permitió al ministro del Interior Fernando Grande Marlasca explicar que los políticos catalanes presos en Madrid podrán ser trasladados a Cataluña próximamente, cuando, en función del avance del sumario judicial, no tengan que ir y volver constantemente para comparecer ante su señoría, con las incomodidades que esto conlleva. En todo caso afirmó que «el sumario está en fase de conclusión». Y para completar la cuestión catalana, Joan Tardá y la ministra territorial Maritxell Batet, se comprometieron a negociar una agenda de diálogo bilateral Gobierno-Generalitat con independencia del griterio del PP y C’s. Alguien podrá decir: «Ladran, luego cabalgamos». Pero es pronto. De momento, la impresión que Pedro Sánchez y sus ministras de ingresos y gastos han dejado en la primera sesión de control es el rigor económico, la renuncia a creer que todo el monte es orégano o la práctica del famoso alcalde que decía: «Se hará lo que se deba y se deberá lo que se haga».