Este indicador, explica el organismo, no mide la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen bajos ingresos en relación al conjunto de la población.

En 2017, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona –calculado con los ingresos de 2016– se situó en 8.522 euros, un 3,8% más que el estimado para el año anterior. En hogares formados por dos adultos y dos menores de 14 años, el umbral fue de 17.896 euros.

Por su parte, el porcentaje de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social –tasa AROPE, utilizada en toda Europa– bajó en 2017 por tercer año consecutivo, hasta el 26,6%, frente al 27,9% del año anterior.

El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se construye con la población que se encuentra en riesgo de pobreza o con carencia material o baja intensidad en el empleo. Con arreglo a estos tres componentes, el INE indica que la reducción global de esta tasa en 2017 se produjo en todos ellos: la carencia material severa pasó del 5,8% al 5,1%; la situación en riesgo de pobreza del 22,3% al 21,6%, y la baja intensidad en el empleo se redujo del 14,9% al 12,8%.

La carencia material severa es definida como la ausencia de al menos cuatro conceptos de los nueve que se preguntan en la encuesta: No puede permitirse ir de vacaciones una semana; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda; no puede permitirse disponer de un automóvil ni teléfono ni televisor ni lavadora.

Según la encuesta del INE, en 2016, el 53% de la población no tenía carencia en ninguno de los nueve conceptos, mientras que el 5,1% estaba en situación de carencia material severa (en al menos cuatro conceptos de la lista de nueve).

Asimismo, revela que de los nueve conceptos que determinan la inclusión de la población en este grupo, los más frecuentes fueron: no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (afecta al 98,5% de las personas en situación de carencia material severa); no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (98,8%); no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (77,8%) y ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en el último año (66,2%).

SUBEN LOS INGRESOS NETOS POR HOGAR EN 2016

Los ingresos medios anuales netos por hogar se situaron en 2016 en 27.558 euros, cifra un 3,1% superior a la de 2015 y la más elevada desde el ejercicio 2011, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento de los ingresos medios anuales netos por hogar registrado en 2016 es el segundo consecutivo tras el logrado en 2015, año en que repuntó este indicador por primera vez desde 2009.

Asimismo, la encuesta revela que los ingresos medios por persona alcanzaron en 2016 los 11.074 euros, cifra un 3,4% superior a la de 2015. Es el tercer año consecutivo en el que aumentan los ingresos medios por persona.

Con datos ya correspondientes a 2017, el INE señala que el 37,3% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado, frente al 38,1% de 2016.

El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.

La encuesta revela también que en el momento de su realización (último trimestre de 2017), el 9,3% de los hogares llegaba a final de mes con «mucha dificultad», porcentaje que se ha reducido 6 puntos respecto a 2016 y que es el más bajo de toda la serie, iniciada en 2004.

El INE apunta además que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se situó en 2017 en el 34,4%, cifra 5,1 puntos inferior a la de 2016.

Según el organismo estadístico, el 7,4% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal en los 12 meses anteriores a la encuesta. Este porcentaje se ha reducido un punto respecto a 2016 y es el más bajo desde el año 2011.