Según un reciente estudio de CCOO de la Enseñanza, basado en datos oficiales del Ministerio de Educación, hay 585.000 jóvenes en situación de abandono educativo temprano en toda España. Las tasas, los fríos porcentajes, han ido bajando a lo largo del periodo democrático, hasta situarse en el 18´3 por ciento en 2017. Ese porcentaje era superior al 41 por ciento hace 25 años.

La Tasa de Abandono Educativo Temprano (AET) mide el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que han abandonado los estudios sin haber conseguido aprobar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), una Formación Profesional de Grado Medio, o el Bachillerato.

Habrá quien piense que quienes han superado la enseñanza obligatoria ya han conseguido el mínimo exigible, pero en un mundo como el nuestro es casi imprescindible, a nivel laboral y social, haber superado, además, algún nivel de estudios posobligatorio.

Es verdad que la situación no es la misma en todas la Comunidades Autónomas. Así, en Andalucía, Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha, o Murcia, las tasas se mueven por encima del 20 por ciento, mientras que en Cantabria, País Vasco, Navarra, o La Rioja, las tasas de abandono se encuentran muy por debajo del 15 y hasta del 10 por ciento.

Las diferencias sociales, o de género, son también muy marcadas. Incluso el momento histórico influye. Por ejemplo, si la economía marcha viento en popa, aumenta el número de abandonos de quienes encuentran trabajo y piensan que con su nivel de estudios ya es más que suficiente. Si hay crisis y el paro es muy elevado, hay más jóvenes siguen estudiando, a la espera de mejores tiempos.

Los varones abandonan más que las mujeres, la población de origen inmigrante abandona los estudios en mayor porcentaje que los nativos, los grupos sociales más desfavorecidos más que la media y quienes estudian en centros públicos, más que los que han estudiado en centros privados. Hasta la OCDE reconoce este cariz social del abandono temprano y el fracaso escolar en España.

Aquí conviene abrir una reflexión en torno al abuso de la repetición de curso que ha ido facilitando la legislación educativa. A partir de la LOMCE, por ejemplo, se puede repetir cada curso y no cuando termina el Ciclo de dos años, con lo cual han aumentado las repeticiones, que en la enseñanza pública duplican o triplican las repeticiones que se producen en la enseñanza privada. Somos uno de los países donde más se repite, sin que ello influya en mejores resultados en aspectos como el fracaso escolar, o el abandono temprano.

Así las cosas, hay alumnos que, a base de repeticiones, nunca podrán acabar la Educación Obligatoria antes de los 18 años y no podrán concluir la ESO. Es más, se han ido desmontando las posibilidades una segunda oportunidad reforzando la ESO en Centros de Adultos, promoviendo Formación Profesional, o Bachillerato, en horarios nocturnos, o buscando formatos modulares y atractivos para los jóvenes.

Estamos hablando de jóvenes que se apartan de los estudios de forma prematura, para intentar insertarse en el mundo laboral. No debería ser tan complicado pensar en ellos, incentivar la obtención posterior de una titulación. Pero eso exige invertir en la conexión entre el sistema educativo y el empleo, facilitando compatibilizar trabajo, prácticas y formación, permitiendo mejores procesos de reconocimiento de la experiencia profesional a la hora de obtener una titulación.

Para este más de medio millón de personas jóvenes que han abandonado los estudios ya no se trata de volver al mismo sistema educativo, sino de encontrar nuevas oportunidades. Se me ocurre que poner en marcha modalidades como la formación dual, pensando en las necesidades de las personas y evitando su explotación laboral, podría contribuir a mejorar las tasas de Abandono Educativo Temprano en España. El Consejo de Europa acaba de pedir a España que realice más esfuerzos para combatir la explotación laboral, especialmente la que sufren los jóvenes.

Habrá que ver si el nuevo gobierno es capaz de convocar al conjunto de la sociedad para afrontar este reto de igualdad educativa ante el que nadie puede cerrar los ojos, porque la educación es no sólo un derecho de cada persona a lo largo de toda la vida, sino también un factor determinante para el desarrollo económico y una condición para la libertad y el desarrollo democrático.