El pacto entre empresarios y sindicatos tendrá una repercusión en las cuentas públicas. Según ha pronosticado hoy el jefe de los empresarios, Juan Rosell, el acuerdo firmado entre su organización y los sindicatos CCOO y UGT – que incluye un salario mínimo de 1.000 euros en 2020 – obligará a revisar “miles y miles” de contratos públicos. Y esto tendrá un “impacto presupuestario”, auguró el patrón de patrones este martes al valorar el preacuerdo alcanzado ayer lunes.

Los subcontratistas del Estado se verán afectados por este preacuerdo cuyo contenido, incluyendo el alza salarial de hasta el 3% anual hasta 2020, que recibió hoy la bendición unánime del sanedrín empresarial.

Rosell, que destacó el “esfuerzo” de los empresarios al firmar este IV Acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC), añadió que su contenido tendrá repercusión sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y lo hará de forma indirecta. Al establecer un salario mínimo de 14.000 euros anuales por convenio, este umbral repercutirá en los costes de las empresas que prestan servicios a las Administraciones del Estado, que deberán elevar el pago a estas empresas para que los empresarios “paguen lo que deben pagar”, según ejemplificó el patrón de las pymes, Antonio Garamendi.

Esta revisión al alza de los costes para el Estado se producirá en sectores con un gran peso de la masa salarial sobre el coste del servicio, como la limpieza y la seguridad, añadió Garamendi, quien citó entre los ejemplos la huelga de los controles de seguridad de los trabajadores de El Prat que tuvo lugar el año pasado.

“Miles y miles de contratos tendrán que ser revisados. Y esto tendrá un impacto presupuestario”, recalcó Rosell.

Empresas en beneficios

Rosell y Garamendi han justificado la firma del acuerdo que, además de fijar la recomendación de alza salarial hasta 2020, incluye un anexo con cambios laborales a negociar con el Gobierno, en la situación actual de las empresas, mayoritariamente en beneficios, según ha dicho.

Estos cambios laborales, para los cuales habrá que reclutar también apoyo de los grupos políticos, ha subrayado Rosell, aguardan a concretarse en una reunión con la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Y pesar de ser una agenda heredada de la anterior titular de Empleo, a cuya titular Fátima Báñez, Garamendi ha agradecido su apoyo durante la negociación, los empresarios confían en que Pedro Sánchez y su nuevo Ejecutivo den la bienvenida a la hoja de ruta de los cambios laborales ambicionados por empresarios y sindjicatos.

Una hoja de ruta que contiene tres “puntos claves” para los empresarios. En primer lugar la lucha contra la economía sumergida y el absentismo injustificado, y luego la reforma del actual sistema de formación para el empleo.

De esta lucha contra la economía sumergida podrían lograrse recursos que evitaran subir impuestos para pagar las pensiones, han recomendado los empresarios, que calculan en una recaudación de entre dos y tres puntos del PIB – entre 20.000 y 30.000 millones de euros – por esta vía.

Además los patronos también se oponen a otra medida barajada por el Ejecutivo socialista, como el ‘destope’ de las bases de cotización. En su lugar, los empresarios, que cifran en 4.500 los sobrecostes a las empresas en caso de aprobarse ese ‘destope’ – “rompería toda la productividad”, alerta Garamendi –, proponen que los autónomos coticen por sus ingresos reales, y cifran en 2.000 millones el incremento de la recaudación por esta vía.