Quizás no es de sorprender que los que se llenan la boca de cumplir la legalidad ahora se escandalicen por que los presos políticos se les acerque a prisiones catalanas, como marca la ley, por cierto con centenares de días de retraso.
Son muchos ilustres personajes -y entre ellos prestigiosos juristas-que consideran que los Junqueras, Forcadell y compañía no tendrían que estar en la cárcel y no son menos los que discrepan abiertamente de las interlocutorias del juez Llarena y la interpretación que hace de los hechos. Los registros buscando pruebas de malversación de fondos se siguen multiplicando meses después de la destitución del Govern sin obtener grandes resultados. Los informes de la Guardia Civil para aportar pruebas al juez para muchos son inverosímiles. Atribuir la violencia policial del día del referéndum a los pacíficos manifestantes ya es para nota.
Ello propicia que muchos catalanes desconfíen de la justicia, o de la justicia que imparten las altas instancias judiciales. Cualquier parecido entre lo que vieron y los informes policiales parece que es pura coincidencia. En cambio los vídeos y los testimonios que ofrecen una interpretación radicalmente diferente son obviados por los jueces. Por otra parte el resultado que dieron las elecciones ha sufrido una intervención judicial que ha desvirtuado lo que los ciudadanos votaron en las urnas, impidiendo el derecho de los electos o interrumpiendo sesiones de investidura
Por otra parte el Tribunal Constitucional se toma su tiempo para resolver las impugnaciones de la Generalitat o del Parlament, entre otras la legalidad de la aplicación del artículo 155 o la destitución del presidente Puigdemont (que por ley sólo la puede hacer el Parlament), como botones de muestra. Especialmente cuando parece que tiene grandes dificultades para desautorizar las decisiones que preventivmente en su día tomó el Gobierno.
Cada vez son más los que consideran que cuando hay razones de estado (la unidad de España) las leyes son secundarias, como razonan algunos juristas. Ello no impide que el sentir general de muchos catalanes no sólo consideren que los presos son inocentes si no que además creen que se está haciendo una gran injusticia.
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