El Banco Central Europeo (BCE) no ha autorizado a un inspector del Banco de España adscrito a esta institución comunitaria a declarar sobre su papel como supervisor del Banco Popular ante la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso de los Diputados.

La presidenta de la comisión, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, instantes antes de dar comienzo la comparecencia de Ignacio Pardo explica que, mientras el Banco de España «ha levantado cualquier restricción a las manifestaciones que pueda hacer», el BCE, «en línea también de otras autoridades europeas, señala que no autoriza al señor Pardo a efectuar declaraciones al respecto de su trabajo en dicho organismo».

Oramas expresa su deseo de que el Congreso pueda instar a las instituciones comunitarias a colaborar con los parlamentos de los Estados miembros, aunque precisa que el BCE ha ofrecido a los grupos parlamentarias trasladar por escrito cualquier demanda de información, vía Parlamento Europeo.

Estas limitaciones han sido criticadas por Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana, cuando hay accionistas del Popular «que han perdido todo su dinero».

Sin provisiones suficientes desde 2009

El inspector del Banco de España adscrito al Banco Central Europeo (BCE) Ignacio Pardo, ha confirmado que la inspección del supervisor nacional venía advirtiendo en sus informes de que el Banco Popular no tenía provisiones suficientes desde 2009, ocho años antes de que finalmente acabara siendo liquidado y vendido al Banco Santander por un euro.

El equipo de inspección del que formaba parte elaboraba informes sobre las revisiones que realizaban en la entidad, y que, adicionalmente, trimestralmente se elaboraban dos informes, uno de seguimiento y otro de ajustes pendientes de realización.

«En dichos informes, a partir de 2009, en todas esas revisiones, se identificaban necesidades de provisiones. Esa era nuestra conclusión. Nosotros como inspectores, como miembros de un equipo cooperativo, no podemos requerir», explica ante la pregunta de varios grupos parlamentarios de por qué no se actuó con medidas concretas habiéndose detectado debilidades en esta entidad.

Pardo precisa que el órgano competente para poder realizar estos requerimientos es la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a propuesta del director general.

Una reorganización interna del personal en el Banco de España acabó con su trabajo de inspección en el Popular en el primer trimestre de 2011. «A partir de ahí desconozco qué se ha producido, si los ajustes se hacen o en qué medida el banco planifica provisiones para realizar esos ajustes», señala Pardo, que asegura no tener constancia de que pudiera haber habido algún escrito de requerimiento, al no haber participado en este proceso y haber abandonado la supervisión de esa entidad.

Durante su intervención, admite las limitaciones del supervisor a la hora de imponer restricciones a las entidades: «Existen recomendaciones o la persuasión moral, pero no existía un aspecto legislativo que permitiera al supervisor exigir qué riesgo inmobiliario y en la construcción no puede ser superior a partir de un determinado porcentaje».