Hay problemas urgentes que no pueden ser llevados a los callejones sin salida de toda la vida, de modo que, a falta de acuerdos en el Pacto de Toledo, el Gobierno accidental de Pedro Sánchez ha anunciado un recargo del 8% a la tributación de los beneficios de la banca para sufragar el déficit de las pensiones. Si el Ejecutivo de Rajoy Brey miró para otro lado hasta que el PNV le torció el pescuezo para que contemplara las manifestaciones masivas de jubilados clamando por sus derechos, entre ellos, la subida de las pagas en el mismo porcentaje que el IPC, el nuevo Gobierno ha destapado con su iniciativa de recargo del impuesto de sociedades de la banca hasta un 38% nominal la más airada protesta de la patronal bancaria y, desde luego, el anuncio de que no van a recaudar los 1.800 millones estimados con la decisión. ¿Será porque el economista Sánchez ha calculado mal o porque la autoridad supervisora come de la mano de la usura o por las dos cosas?

Resulta chocante que los jefes de la banca privada española, un sistema financiero que presta poco y mal, con unos intereses mínimos dos puntos por encima de lo que le cuesta el dinero y con unos precios abusivos por sus servicios (nada más hay que ir al cajero de la esquina a sacar dinero para comprobarlo) proteste contra una medida que ni siquiera es de justicia. Sólo la robotización de las oficinas bancarias, por ejemplo, ha supuesto la desaparición de 30.000 empleos en el subsector en el último lustro. Son prejubilados y jubilados, es decir, gente que no come ni viste ni gasta zapatos. Trabajadores que según los grandes accionistas y sus mandados pueden, como los selenitas, exprimir el aire y obtener zumo o café con leche en la plaza mayor, que diría aquella.

El olímpico desprecio a la sociedad devalúa la capacidad intelectual de quienes, por los altos cargos que ocupan, el poder que ejercen y la prospectiva que ejercitan, suponíamos más inteligentes que el común de los mortales. Y puesto que la inteligencia (no confundir con el espionaje) integra la memoria, ¿cómo olvidar que fue la banca la causante de la crisis económica presente, la que envió a más de veinte millones de españoles al «pobretariado» y sumió el país en la depresión, con más de cinco millones de desempleados?

La banca fue rescatada a cuenta de los contribuyentes. Los quebrantos que infligió a la sociedad siguen presentes. Las heridas sangran todavía. Las infecciones (por no decir expolio y corrupción institucional) siguen latentes sin que sepamos cuándo esos togados que llamamos magistrados ajustarán cuentas a los buitres de acero inoxidable y los someterán al rancho carcelario de Urdangarín. Cierto es que no les faltarán paquetes. Lo que sí sabemos es que los especuladores financieros siguen en deuda con la sociedad española y ni siquiera en plena crisis han dejado de cobrar el dividendo.

Aunque la decisión gubernamental sea completada con la famosa y simbólica tasa Tobin sobre las transacciones financieras internacionales, como ya ocurre en Francia y en otros países europeos, el proceso tecnológico acelerado de los sectores industriales y de servicios, con la reducción de mano de obra y la «uberización» galopante del mercado del trabajo, conduce a la evidencia de que ya las cotizaciones al sistema de Seguridad Social resultarán insuficientes para sufragar las pensiones de un número cada vez mayor de jubilados. Lógica obliga. Si hace treinta años se necesitaban 60.000 trabajadores para producir 600.000 automóviles, hoy basta con seis mil operarios. La conclusión corresponde a las formaciones políticas y sociales presentes en las reuniones del Pacto de Toledo, pero la vía fiscal tendrá que ser más amplia para mantener el sistema público de cohesión y solidaridad entre generaciones.