La Junta Única de Resolución (JUR) abrirá a principios de agosto el procedimiento para que antiguos accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular puedan «ser escuchados» en el marco del proceso de publicación del informe que determina si es necesario compensarles.

Su presidenta, Elke König, lo anuncia durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en la que ha presentado el informe anual de la JUR correspondiente a 2017.

La JUR recibió el 13 de junio el informe de valoración 3, elaborado también por Deloitte y que debe concluir si los afectados por la resolución de la entidad habrían recibido un trato mejor en caso de que el banco hubiera sido liquidado con arreglo a los procedimientos nacionales de insolvencia en lugar de haber seguido el procedimiento comunitario.

König precisa que este proceso de registro se extenderá hasta mediados de septiembre y que «entonces» estarán disponibles también tanto la versión no confidencial del informe como la decisión preliminar al respecto de la JUR. «En una segunda fase, las personas cuya elegibilidad ha sido verificada por la JUR podrán remitir sus comentarios. La segunda fase se abrirá cuando haya finalizado la fase de registro», añade.

La resolución del Popular «demostró que la JUR es capaz de aplicar con efectividad las reglas actuales y llevar a cabo su mandato de garantizar una resolución ordenada con un impacto mínimo sobre la economía real, el sistema financiero y las finanzas públicas». Según su presidenta,  «fue ampliamente percibida como un éxito» dado que «mantuvo las funciones críticas» del banco, garantizó la estabilidad financiera y «evitó el uso de fondos públicos o de la JUR».

La Memoria de la JUR detalla que a lo largo de 2017 los antiguos accionistas y acreedores del Popular presentaron 99 acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las cuales dos fueron declaradas inadmisibles.