Decía acertadamente el director de El Mundo, Francisco Rosell, que la calidad de la democracia pasa por la calidad de sus medios de comunicación. Afirmación ésta con la que coincidimos todos, o casi, los profesionales que nos dedicamos a este oficio de escribir y contar cosas, pero que si la aplicamos a la situación actual de esta España nuestra nos llevaría a concluir que la calidad de nuestra democracia deja mucho que desear, por no decir que se encuentra en fase de extinción.

Amenazados desde fuera por unas redes sociales que se han convertido en el basurero de eso que ahora se denomina posverdad y que no es otra cosa que la mentira burda y dura; atacados desde dentro por unas empresas periodísticas que, salvo raras excepciones, perdieron el apellido con la crisis y en las que priman los resultados y la audiencia sobre el contenido y la excelencia; y embestidos por una sociedad en la que las prisas y el morbo han anulado el análisis y el raciocinio; los medios de comunicación y especialmente las televisiones se encuentran sometidos a la manipulación de los intereses políticos y económicos de los partidos y grupos de presión, y condicionados por las demandas de una sociedad que, en su mayoría, consume mierda porque le dan mierda.

Sólo así se explican las prisas y el bochornoso espectáculo de los Grupos Parlamentarios para conseguir el control de la televisión pública, y sólo así se explica también la vergonzosa actuación de quienes se consideran profesionales del periodismo mientras, probablemente cumpliendo órdenes de sus jefes o empresarios, persiguen a faranduleros, charlatanes, famosillos del corazón, arribistas, descerebrados o delincuentes como los de La Manada. Deshechos sociales a quienes convierten en héroes y modelos a imitar para unas masas enfermas e inconscientes.

Y lo mismo que con los medios de comunicación ocurre también con la Justicia. Otro medidor de la calidad democrática de un país y que hace un flaco favor a la del nuestro. Porque si no hubiera sido suficiente con la provocación, la indignación y el desatino que para las gentes de bien han tenido la sentencia de La Manada y su posterior puesta en libertad, ahora también nos enteramos de que el argumento que empleó la Audiencia de Navarra de que no hubo “violencia o intimidación” para descartar condenar a La Manada por un delito de agresión sexual ha sido esgrimido también por la Audiencia Provincial de Álava para exonerar del delito de violación a un joven que penetró vaginalmente a una mujer en contra de su voluntad al «aprovecharse» de la “situación de superioridad manifiesta”.

Y para más INRI nos desayunamos con la queja que más de 750 magistrados españoles han presentado al Consejo Consultivo de Jueces Europeos para denunciar lo que consideran “gravísima amenaza” contra la independencia judicial por el “linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos” contra el tribunal que dictó la sentencia de La Manada. ¿Corporativismo, desfachatez o, simplemente, ganas de provocar? Pues eso, la democracia de La Manada y en manada.