El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la subida adicional del 0,25% en los sueldos de los empleados públicos acordada con los sindicatos de la Función Pública el pasado mes de marzo y recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este incremento adicional «tendrá efectos desde el 1 de julio».

El acuerdo que firmaron el pasado mes de marzo CSIF, UGT y CC.OO. con el anterior Gobierno contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,5% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB.

Es esta parte variable la que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes. En concreto, en el acuerdo se estableció un alza adicional del 0,25% en 2018 si el crecimiento del PIB a precios constantes en 2017 alcanzaba o superaba el 3,1%.

Para ello, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 establece que se considerará el avance del PIB de cada año publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El pasado 30 de enero, el INE publicó el avance trimestral del PIB del cuarto trimestre de 2017, estimando una tasa anual del 3,1%, que certificó el pasado 6 de julio, según ha explicado Hacienda en una nota de prensa.

Dado que se dan todos los requisitos exigidos en el acuerdo , el Gobierno ha aprobado el incremento del 0,25% adicional en las retribuciones de los empleados públicos con el objetivo de que puedan hacerse efectivas de manera inminente.

Del incremento pactado para este año (1,5% fijo y 0,25% adicional) se verán también beneficiado el personal laboral de las entidades del sector público estatal, tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público estatal para 2018.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó el pasado jueves el acuerdo por el que se aprueban parcialmente las pautas para la negociación colectiva de las entidades del sector público estatal en el año 2018. Esto permitirá, asegura Hacienda, que el personal laboral de estas entidades pueda beneficiarse de la subida salarial. Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2% de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de proyectos de mejora de la productividad.

Batet y los sindicatos de la Función Pública

Los sindicatos de Función Pública (CC.OO., UGT y CSIF) se reunirán el próximo lunes por primera vez con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y le pedirán que se implementen las medidas recogidas en los acuerdos suscritos con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en materia de subida salarial y condiciones laborales de los empleados públicos.

Esta reunión, que se celebrará a las 11.00 horas, será la primera que mantendrán los principales representantes sindicales del área pública con la ministra (han tenido reuniones con el director general de Función Pública), y en ella reclamarán que se pongan en marcha cuanto antes las medidas acordadas en el II Acuerdo para la mejora del Empleo Público, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Según informó CSIF esta semana tras una reunión con el nuevo director general de Función Pública, Javier Rueda, el Gobierno aprobará la oferta de empleo público (OEP) de 2018 en el Consejo de Ministros del próximo 27 de julio. La Oferta para este año rondará las 17.000 plazas, de las cuales 8.151 serán de nuevo ingreso, 2.863 de estabilización de plazas interinas y cerca de 6.000 de promoción interna.

La cifra total, precisó el sindicato, podría elevarse otro 5% según prevé el acuerdo firmado el pasado 9 de marzo con el Gobierno del PP, «con lo que por primera vez desde antes incluso de la crisis económica se crearía empleo neto en esta Administración (407 plazas)», destacó CSIF.

Desde CC.OO. y UGT se ha criticado que las cifras que maneja el Gobierno para la OEP de 2018 no supongan una mejora respecto a la situación del año anterior, pues son similares a los del año pasado y no responden a las necesidades de personal de los servicios públicos.

Los tres sindicatos reclaman una oferta de empleo público extraordinaria, adicional a la ordinaria, para ir recuperando los empleos perdidos en el sector público durante los últimos años. De hecho, desde 2010 se han perdido casi 57.000 puestos de trabajo en la AGE.

UGT, por su parte, pide la convocatoria de una OEP que además de generar empleo neto en todas las Administraciones reduzca la temporalidad excesiva (alrededor del 20%) entre los profesionales de la enseñanza y la sanidad.

Salarios

Desde CSIF han apuntado que el Gobierno empezará a aplicar la subida salarial a los empleados públicos contemplada en los Presupuestos de este año en la nómina de septiembre.

No obstante, fuentes de Función Pública aclararon que la intención es aprobar el alza salarial (1,5% en su parte fija) «lo antes posible», previsiblemente durante el mes de agosto, ya que en las cuentas públicas de 2018 se establece su aplicación un mes después de la entrada en vigor en julio del proyecto de Presupuestos.

De hecho, el Consejo de Ministros de este viernes aprobó la subida adicional del 0,25% para el sueldo de los empleados públicos contemplada en el acuerdo con los sindicatos. Esta subida se corresponde con la parte variable, que iba ligada al PIB, y tendrá efectos desde el 1 de julio, según afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Además, desde Función Pública han confirmado que el Gobierno ofrecerá una propuesta a los sindicatos para eliminar los descuentos en la nómina de los empleados públicos por Incapacidad Temporal (IT).

Aplicación de las medidas del acuerdo

CC.OO. considera que el Gobierno debe proceder con la «mayor celeridad» a la aplicación efectiva de todos los contenidos del mencionado acuerdo, con una especial atención a la regularización de las nóminas de los empleados públicos, que deben subir 1,75% este año (1,5% fijo más 0,25% variable), dar comienzo a la negociación de los fondos adicionales y, para todo ello, librarse las cantidades oportunas para que los atrasos se contemplen en las nóminas del mes de julio.

En esta línea, UGT también demandará que se cumplan los acuerdos suscritos en la Administración General del Estado con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según señalaron a Europa Press en fuentes del sindicato.

En concreto, en la AGE reclama el cobro del 100% de la Incapacidad Temporal, las jornadas de 35 horas semanales o la oferta de empleo público. UGT pide también un sueldo mínimo de 1.200 euros en la AGE y que se eliminen las diferencias salariales entre personal laboral y funcionario, ante una brecha salarial «inadmisible».

CSIF pedirá recuperar la estructura salarial previa a la crisis

Por su parte, CSIF asistirá también a la reunión del 16 de julio para reclamar el cumplimiento y la aplicación de los acuerdos suscritos en materia salarial y en condiciones laborales de los funcionarios suscritos con el anterior Gobierno del PP.

Fuentes de la organización sindical indicaron a Europa Press que instarán a Batet a aplicar la jornada laboral de 35 horas en la AGE, eliminar los descuentos por baja médica y a llevar a cabo las medidas en materia de conciliación recogidas en el II acuerdo, como las bolsas de horas.

Además, CSIF exigirá que «desde ya» que se empiece a trabajar para recuperar la estructura salarial previa a la crisis y revertir la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la bajada del sueldo de los funcionarios del 5% realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, incluido las pagas extras.