El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admite en su comparecencia en el pleno del Congreso para presentar sus planes que no podrá publicar los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal del año 2012 porque el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad, pero anuncia una reforma legal para «prohibir futuras amnistías fiscales».

Argumenta que la amnistía fiscal fue «un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio», y recuerda que el Grupo Parlamentario Socialista la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Éste emitió una «sentencia durísima» sobre la anterior Administración pero también se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. La sentencia, de 2017, declaró inconstitucional la amnistía, pero sin efectos retroactivos sobre las regularizaciones.

«Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía fiscal», conforme al artículo 9.3 de la Constitución, que es el que «garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales».

«Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales», señala

Para ello, ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir a los responsables solidarios en los casos de evasión, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras amnistías fiscales. «Un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera», argumenta.

Tributación mínima del 15%

Pedro Sánchez también anuncia que pretende «rediseñar» el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15%. «Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno», recalca.

El nuevo sistema fiscal tendrá «en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto», incluirá «figuras tributarias» para «desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente» y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.

Esta «figura impositiva finalista» estará «vinculada al sector financiero», servirá para complementar las cotizaciones, como vía de ingresos a la Seguridad Social, y contribuirá «a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores».

IPC como referencia de las pensiones

El presidente del Gobierno tiende la mano a «todos los grupos parlamentarios para construir un nuevo Pacto de Toledo», con el que recuperar el Índice de Precios de Consumo (IPC) como referencia para actualizar las pensiones.

Pide encontrar «juntos soluciones» para el sistema público de pensiones, una cuestión en la que «la sociedad no entiende la incapacidad para alcanzar acuerdos».

«La mayoría de la sociedad nos ha trazado de forma clara un camino, que es la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida, y confío en que una mayoría lo más amplia posible de esta Cámara se sume a esta propuesta», señala.