La política es el arte de estar en contra de tal modo que luego se pueda estar a favor, pero Pedro Sánchez no sabía nada de un tal Charles-Maurice de Talleyrand cuando estaba en la oposición y dijo  que si llegaba al gobierno publicaría la lista de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Rajoy y Montoro, que calificó de «lista de la vergüenza». Ya en el Gobierno mantendrá el silencio del confesor. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le pidió que publique esa lista. «¿Quién está en la lista de la amnistía fiscal? ¿Hay gente de su partido, el PSOE, que no quiere que se sepa?», le preguntó. La portavoz accidental de Unidos Podemos (UP), Ione Belarra, le reclamó el cumplimiento de «la palabra de ayer» (de 2015) y leyó unos párrafos de una intervención parlamentaria de Sánchez al respecto.

Pero el nuevo presidente del Gobierno se llamó Andanas, retorció la sentencia del Constitucional que declara ilegal la amnistía fiscal, aunque sin efecto retroactivo, y señaló que a tenor de ese principio jurídico constitucional de la irretroactividad de las normas perjudiciales para los individuos no podía divulgar la identidad de los defraudadores. Incluso le respondió a Rivera que no sabía si había gente del PSOE (El exdirigente sindical asturiano José Ángel Fernández Villa lo era y ejercía su poder en el partido en Asturias) porque ni siquiera había visto la lista.

Fue esa de la amnistía fiscal la cuestión más absurda y apasionante de la comparecencia del presidente Sánchez ante el pleno del Congreso para dar cuenta de los resultados de la Cumbre de Bruselas que, como ya se ha dicho, han sido tan vergonzosos como crueles en materia de migración, con el compromiso de ayudar a las autoridades policíacas y mafiosas de Libia a contener la avalancha de africanos hacia el Mediterráneo central, y de esbozar unos trazos de la política que va a seguir. Como si no quedara patente en el fracaso rotundo, doce horas antes, de la renovación provisional del Consejo del ente público RTVE por falta de votos, Sánchez insistió en la fase de anuncios, muchos anuncios de planes contra la pobreza, la precariedad, el machismo y cuantas plagas nos afectan y averguezan. Por cierto que en la RTVE mandará un gestor para que la empresa siga funcionando (perdiendo dinero) y cumpliendo ese servicio público esencial de mantener informada a la sociedad, dijo Sánchez.

Comoquiera que las derechas le reclamaron elecciones generales cuanto antes (Rivera y el Hernando del PP con especial énfasis), el del PSOE dejó claro que «el Gobierno convocará elecciones cuando estime oportuno». El dirigente de C’s se mordía los puños reclamando el paso por las urnas en vez de apoyarse, como hace Sánchez, en los votos de Bildu, el PNV y los nacionalistas catalanes. Incluso exhibió una «sentencia» del juez Grande Marlasca (ahora ministro del Interior) contraria al acercamiento de los presos de ETA «por respeto a las víctimas». Sánchez le aclaró que era un auto y mantuvo que aplicará la ley penitenciaria. Al del PP le llevaban los demonios por ese acercamiento de presos, las eventuales transferencias penitenciarias al Gobierno Vasco y la posible progresión de grado de esos reclusos. Las invectivas de Rafael Hernando fueron ciertamente enfáticas al comprobar que el nuevo gobierno repugna menos en Cataluña que el de ese hombre que ahora vive en un hotel de Alicante y pasea por la playa de Campello, o sea, Mariano. De hecho, el propio Joan Tardà, de ERC, reconoció la existencia de un acuerdo de fondo con el PSOE por el que «el problema de Cataluña se resuelve votando». Sánchez prefirió callar al respecto.

El silencio del presidente sirvió también de respuesta a la exigencia de UP de crear una comisión parlamentaria de investigación para que Juan Carlos I de Borbón aclare si cobraba comisiones ilegales con Corina de testaferra y si sus intereses se cruzaban con la trama Gurtell del PP. «La gente condenada en este país es la que dice que los Borbones son unos ladrones y no los ladrones de verdad», culminó la Belarra de UP su pieza oratoria. Después de cinco horas de intervenciones, la única noticia menos mala es que el Gobierno dispondrá de un mayor margen de déficit (unos 4.000 millones de euros) para hacer políticas sociales. Ya veremos cuáles y de qué modo.