Mientras se siguen conociendo nuevas informaciones y documentos del BCE sobre el Banco Popular, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha decidido abrir una pieza secreta dentro dela causa que investiga la «caída» del Banco Popular. Dicha pieza estaría compuesta por toda la documentación que aporte el Banco Central Europeo (BCE), entre la que se incluye la propia decisión del regulador comunitario de declarar a la entidad española como «próxima a la quiebra».

El magistrado ordena en su auto incorporar otros archivos, como informes y conclusiones de inspección y su seguimiento desde 2012, además de requerimientos o recomendaciones sobre el registro de deterioros de la inversión crediticia, todos escritos con información reservada conforme a la normativa comunitaria.

Con esta decisión, el magistrado atiende a la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de que se mantenga bajo secreto esta pieza, al menos, por el espacio de un mes, a fin de «garantizar la reserva y confidencialidad» así como de preservar «la investigación y esclarecimiento de los hechos que constituyen el objeto de la causa».

El juez Andreu considea emn su auto que la documentación, en la que entran además informes sobre la autocartera y de las desinversiones de activos del Popular, deberá ser examinada y estudiada por los peritos judiciales cedidos por el Banco de España con el objetivo de comprobar si resulta útil para la causa.

Cabe recordar que en octubre de 2017, el juez Andreu admitió a trámite las primeras querellas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y la firma PwC, que auditó sus cuentas durante más de tres décadas, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Entre sus decisiones de entonces, acordó la división en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

A mediados del pasado mes de febrero, el magistrado solicitó, a instancias de las acusaciones, información relacionada con la gestión del Popular a organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el BCE. En dicho auto, destacaba la necesidad de conocer el primer peritaje de los expertos designados al caso antes de acordar las declaraciones de todos los investigados.