La resolución de los tribunales alemanes negando la extradición por rebelión de Carles Puigdemont, precedida por la resolución de la justicia belga ha provocado una dura requisitoria del juez Llarena al retirar las euroórdenes por no aceptar que el ex presidente catalán solo fuera extraditado por un presunto delito de malversación.

La transmutación del proceso de los independentistas catalanes ha provocado profundas críticas en el mundo judicial español, desde catedráticos de derecho constitucional hasta jueces eméritos que han ocupado altos cargos (los magistrados en activo han optado por el silencio, por solidaridad de clase o por que se juegan su carrera). Mientras muchos políticos y no pocos medios de comunicación han dedicado no pocas flores a la justicia europea mientras el PSOE (este conflicto es una herencia del gobierno del PP) se limita al protocolario respeto a las decisiones judiciales.

El problema -a mi entender- trasciende de este caso puntual por qué este caso concreto desacredita (seguramente de una forma injusta) a todo el sistema judicial español y a los políticos que cierran filas en su defensa a ultranza. La aireada separación de poderes salta por los aires cuando Llarena pide la implicación del ministro de Exteriores reclamando inmunidad para no tener que declarar ante los tribunales belgas. Como era de esperar el Gobierno belga replicó que las decisiones de sus tribunales son independientes del ejecutivo.

Las peticiones de los eurodiputados del PP y de Ciudadanos para variar el protocolo de extradición europeo ha sido rechazado de plano por las autoridades comunitarias.

Como ya advirtió hace unos meses el ex ministro popular García Margallo, en este conflicto el Estado se va a dejar muchas plumas. El problema es que es muy fácil perder la credibilidad y muy difícil recuperarla. Para Llarena, todo el mundo está equivocado y no lo entiende, pero para todo el mundo es Llarena el responsable del desprestigio europeo de la justicia española.