La fiscalía de México inició una investigación a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, que agrupa a inversores en el Banco Popular, contra el empresario Antonio del Valle (que llegó a controlar, directa e indirectamente, el 4% de la entidad española) por revelación de información confidencial.

La denuncia contra Antonio del Valle Ruiz, su primo Jaime Ruiz Sacristán y otros por «revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento del error» fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR, equivalente a la fiscalía en España) el 7 de junio y ratificada el 6 de julio. «La PGR ya está trabajando en ello», señalan en el despacho Gastelum Abogados, que representa a los denunciantes.

La denuncia es contra Antonio del Valle Ruiz, su primo Jaime Ruiz Sacristán y otros, a quienes se atribuye la conducta de «revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento del error», señaló Llantada.

La acusación sostiene que información confidencial a la que tenían acceso tanto Del Valle como Ruiz Sacristán en el Banco Popular, «en forma directa o indirecta la revelan a través de medios de comunicación».

La demanda pone de manifiesto que el objetivo de la filtración era «desestabilizar el mercado, mover artificialmente el valor de la acción, y con ello provocar que a través de una ampliación de capital se pudieran hacer ellos con el Banco Popular por una cantidad muy inferior al valor de los activos». «Al final del día la jugada,no les sale porque bajan tanto las acciones que evidentemente se toma la decisión de venderlo por un euro al Santander», argumentan en el bufete.

«Toda la conducta desde que entra el señor Antonio del Valle como consejero del banco el año 2014 fue tendente a desestabilizar el precio y el valor de la acción a través de la divulgación de noticias falsas o tendenciosas, o simplemente ciertas pero con información confidencial», añaden.

«Se tendrá que hacer diversas gestiones a través de la Procuraduría General de la República con su equivalente en España para que se interroguen testigos. Hay que integrar toda la carpeta de investigación para acreditar la comisión de la conducta delictiva», señala.

Un portavoz de Antonio del Valle replica que la demanda «hace referencia a hechos acaecidos en España que están siendo revisados por las autoridades competentes en ese país».

Reclamación de 470 millones a España

En marzo que Antonio del Valle y otros mexicanos que fueron accionistas del Banco Popular reclamaron a España 470 millones de euros a través de un arbitraje internacional. El inversor mexicano de origen asturiano considera que sus acciones fueron «expropiadas» y acusa al Gobierno español de una participación activa en la resolución del Popular

Previamente, el inversor mexicanohabía presentado un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución de intervenir el Popular y adjudicarlo al Banco Santander.