El presidente de Unauto-VTC, Eduardo Martín, ha afirmado que se encuentra «moderadamente satisfecho» tras la reunión celebrada este martes al mediodía con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, en la que han acordado optar por el «diálogo y el consenso» entre las partes.

Durante el encuentro, Unauto ha propuesto la creación de una Comisión de Trabajo que sea capaz de consensuar los intereses de ambos sectores, el del taxi y el de vehículos VTC, y que estudie el problema «en profundidad». Así, la patronal volverá a tratar su puesta en marcha con Fomento en el mes de septiembre, según sus previsiones.

En sus declaraciones a la prensa antes de entrar en la sala de reuniones, Martín se declaró «sorprendido» por la iniciativa adoptada por el Gobierno tras la reunión que mantuvo el número dos de Fomento con el sector del taxi el pasado lunes. Además, recriminó al Ejecutivo su «debilidad» ante las presiones de los taxistas, que se hizo patente tras emitir Fomento dos correcciones de una nota de prensa que incluía las peticiones del sector del taxi.

Sin embargo, al finalizar el encuentro, la actitud del presidente de Unauto era bien distinta, ya que, según ha revelado, Fomento se ha comprometido no solo ha escuchar al taxi, sino a abrir vías de comunicación entre ambos sectores. En este contexto, Unauto ha ratificado que estará a disposición del «diálogo y el entendimiento».

Por otro lado, Martín ha afirmado que la ratio que impone la ley de una licencia de VTC por cada 30 taxis «se cumple» y que «así se les ha reconocido».

Sin embargo, en su comparecencia, Saura ha asegurado que existe una «evidencia» en que tal afirmación no es una realidad y que, en este sentido, hay que introducir cambios para que esa proporción se respete.

La patronal de las empresas VTC se ha mostrado esta mañana en contra de que Fomento ceda a las regiones la competencia de gestión de las licencias de vehículos VTC, al considerar que se trata de una «competencia estatal» que debe mantenerse. En cuando a transmitir tal competencia a los ayuntamientos, Martín ha dicho que eso sería «un segundo paso», por lo que tal tema aún no se ha abordado.

La organización empresarial que agrupa a las compañías de vehículos con conductor (VTC) Uber y Cabify, Unauto, ha solicitado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que estudie la situación en la que se encuentra el sector tras «las presiones y amenazas» de los taxistas sobre sus conductores y advierte al Gobierno de la «posible vulneración» de los derechos constitucionales de estos y, también, de los ciudadanos, en caso de que finalmente el Ministerio de Fomento intente limitar las licencias con las que opera.

Así lo ha indicado la patronal en una carta remitida al alto comisionado de las Cortes este martes, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que insisten en su «preocupación e inquietud» ante los recientes acontecimientos relacionados con la huelga de taxistas, ahora extendida a todo el territorio nacional, y ante las consecuencias que la «presión y amenazas» del sector puedan ejercer en el Gobierno para que este cambie el marco normativo de cara a limitar su negocio.

Unauto advierte, así, de que «en los próximos días» puede llegar a consumarse «una gravísima lesión de derechos fundamentales» por parte de los poder públicos, en referencia a la actitud que ha adoptado el Gobierno de traspasar las competencias VTC a las comunidades autónomas y entidades locales con el objetivo, según ellos, de «cercenar» los derechos reconocidos a los operadores de este tipo de compañías.

Para ellos, las movilizaciones iniciadas en Barcelona, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaraba nulo el reglamento con el que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal intentaba poner coto a estas empresas, y propagadas al resto de grandes ciudades españolas, es un «mal entendido derecho de huelga» con el que intentan «doblegar» a las instituciones y a los tribunales, «limitando» el derecho constitucional de los ciudadanos a la libre circulación.

Igualmente, estas protestas estarían intentando «vulnerar» los derechos de los conductores con licencias VTC a disfrutar del derecho constitucional al trabajo «en condiciones de seguridad y con pleno respeto a su integridad física y moral», algo que, «a la vista de las lesiones sufridas por algunos de estos trabajadores», se ha visto «gravemente conculcado».

«Cumplen la totalidad de los requisitos»

Por todo ello, Unauto ha concretado en cuatro puntos las demandas trasladadas al Defensor del Pueblo. En el primero, subraya que las licencias, según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, son de ámbito nacional que parten de una competencia «exclusiva» otorgada por la Constitución al Estado.

En segundo lugar, la patronal quiere dejar claro que las licencias obtenidas cumplen «la totalidad de los requisitos legales», de forma que ya ha sido declarado por los tribunales, incluido el Supremo, en una «abundante y unánime jurisprudencia».

Posteriormente, Unauto considera que las medidas dirigidas a propiciar la revocación de las autorizaciones de VTC «atentarían» contra del derecho constitucional a ejercer su solicitud, por lo que supondrían una «expropiación que no podría llevarse a cabo sin una previa indemnización».

Además, añade que esta revocación de las licencias ya reconocidas también atentarían contra la tutela judicial al impedir la efectiva ejecución de resoluciones judiciales.