Al calor de este cambio legal, las últimas semanas han sido muy agitadas en bolsa para ambas empresas, con volatilidades y revalorizaciones superiores a las registradas por sus competidores europeos. La expectación sigue al alza y la batalla legal para frenar la norma continúa.

La batalla por el control de Iberdrola entre el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y Florentino Pérez,  máximo  responsable de ACS, el primer accionista de la eléctrica con casi el20% del capital, centra todas las miradas del mundo empresarial y financiero español des de hace tiempo y más aún ante la entrada en vigor de la nueva norma.

La pugna, enredada en un  rosario de demandas cruzadas en los tribunales, cobra ahora una nueva dimensión ante la puesta de largo de una ley que para muchos fue inspirada precisamente para que ACS pudiera hacer efectiva su posición en el capital de la eléctrica, algo  que no ha podido lograr hasta ahora pese a sus reiterados intentos. El grupo constructor y de servicios no está en el consejo de Iberdrola, que  considera a ACS un socio hostil  y competidor directo.

Los mercados se muestran nerviosos ante el nuevo escenario legal. Tomas de posición expectante y especulación que se suman a la incertidumbre general que han vivido los parqués ante la crítica situación de Grecia, antes de que el Parlamento griego aprobase el plan de ajuste este miércoles. A lo largo de las últimas semanas,  se observa que la volatilidad de ambos valores ha sido superior a la de sus competidores nacionales y europeos. Además, en el último año la revalorización de Repsol ha sido superior al 30%  y la de Iberdrola al 20%, superior a la cosechada por  algunos de sus rivales, y claramente por encima del Ibex, que en 12 meses apenas ha ganado un 4%.

En el caso de la petrolera, Sacyr cuenta con el 20% del capital, su peso en el consejo es  proporcionado a ese porcentaje y  su convivencia con el otro socio  de referencia, La Caixa, es aceptable.  Las discrepancias vividas hasta ahora se han centrado en la política de dividendos, que la constructora consideraba insuficiente.  Solventadas esas disputas, a partir de ahora Sacyr, que tilda su inversión de estable, podrá votar por el 20% de capital que posee, lo cual, sin duda, hace más atractivo ese paquete, aunque el mismo esté casi totalmente apalancado en deuda.

En general, la norma hace más atractivas las tomas de control en las grandes cotizadas que tenían limitado el derecho a voto. El capital foráneo y los fondos de capital riesgo pueden tomar el 1 de julio como fecha de salida para iniciar  un periodo de caza mayor sobre el tejido empresarial español.  Cabe recordar que otras grandes empresas con limitaciones de voto son Telefónica, el Banco Popular o Enagás.

Pero mientras la ley se hace efectiva,  el litigio judicial prosigue su andadura.  Iberdrola ha recurrido ante el Supremo alegando defectos de forma en la tramitación de la norma y subraya aspectos como los daños que, en su opinión, la supresión de los blindajes provoca a los accionistas minoritarios. Este recurso no afecta a la entrada en vigor a partir del 1 de julio.

Al mismo tiempo, Iberdrola ha seguido armándose de munición legal en su propio ámbito de influencia. En la reciente junta de accionistas de la eléctrica se aprobó  retocar los estatutos. En concreto el cambio más polémico es el del artículo 30, que deja sin derechos de voto a los accionistas «que se hallen en conflicto de interés y, en particular, a los que participen en un proceso de fusión o escisión con la sociedad». En otras palabras, estos socios no podrán votar los acuerdos de operaciones que les ataña o afecte. La modificación afectarán también a los inversores extranjeros.  Con la nueva redacción del artículo 30, el peso de ACS en el capital de Iberdrola sería cero para casos de «conflicto de interés».

Se daría, por tanto, la circunstancia de que ACS, además de no tener derecho a estar en el consejo de administración, tampoco lo tendría para votar en la junta en asuntos claves. Surgen dudas sobre el alcance de la medida, ya que la enmienda antiblindaje anulará de pleno derecho el artículo 30. Fuentes jurídicas estiman que ese artículo no se opone a la Ley de Sociedades Anónimas, que no prohíbe limitar los derechos por otras causas, como la del conflicto de interés introducido en los estatutos de Iberdrola.  La batalla legal continúa.