Si el coste de uso de un Uber o Cabiay es aproximadamente, en promedio, un 25% más barato que el de un taxi, ¿dónde va la diferencia?

Absurdamente se ha presentado el conflicto del taxi como un enfrentamiento entre taxistas y Uber y Cabify. Nada más lejos de la realidad: Estamos ante un conflicto entre el usuario del transporte público y las AAPP recaudadoras. Ellas son responsables del conflicto y el final del juego -que no es de suma cero- bascula entre el bolsillo del consumidor y el presupuesto del Estado.

Vaya entonces por delante mi simpatía por los taxistas como gremio; yo soy de los que me gusta hablar con el conductor, y en una enorme mayoría de los casos disfruto con su sabiduría y aprendo de sus comentarios. Pero ello no obsta para perder de vista la realidad de la situación, que ha desembocado en un conflicto que parece lejos de haberse resuelto.

Defender el sistema del taxi es legítimo, siempre y cuando no olvidemos que se defiende un sistema municipal recaudatorio que ha quedado obsoleto. Otra cosa es apoyar un sistema de ayudas a la reconversión del sector, como se ha hecho en tantas ocasiones con otros tantos. Pero la solución de la situación no está en perpetuar un sistema que ha quedado superado por la tecnología y la libre competencia y que ya no necesita de ningún apoyo para garantizar el elemento de servicio público que aún se esgrime. Al contrario, el anecdotario está plagado de situaciones en que existe una carencia de servicio (aeropuertos secundarios; pueblos lejanos;…) por las limitaciones impuestas legalmente, sin las cuales se satisfaría la demanda con mecanismos flexibles de formulas alternativas a la licencia municipal del taxi.

Desgraciadamente, el servicio que ofrecen las nuevas compañías de transporte es incomparable con el de los taxis. Vehículos en buen estado, tarificación previa al desplazamiento, seguimiento de la ruta en el móvil, evaluación del conductor y del pasajero inmediata, y, sobre todo, precios menores. No quedan razones comerciales para argumentar que haya que limitar las licencias VTC. Más bien, la AAPP debiera pensar en términos de eficiencia y de permitir que el mercado se regule sin tener que introducir su dedo magistral en cada estrofa. Porque lo que el usuario ha de pagar porque se restrinja la competencia, o bien engrosa el beneficio de los propietarios de licencias de taxis, o bien abulta el precio artificial de las mismas -cuya justificación es simplemente su propia artificialidad- o va a parar a la recolección impositiva del Estado en sus múltiples caras.

Y lo malo no es que podamos estar ante una situación de enmascaramiento de los intereses de las AAPP a costa de los intereses del consumidor. Lo realmente malo es perder el tren del progreso tecnológico, quedándonos con la parte magra para dejar pasar lo mollar, una vez más.

Una buena salida del conflicto podría pasar por permitir que el mercado haga su juego: las AAPP podrían ofrecer a los propietarios de licencias de taxi que obtengan, a cambio de su cesión y amortización de esta, una licencia de VTC. Las condiciones del intercambio; cantidad, ajustes de valor, etc… pueden determinarse por las AAPP en el detalle que quieran. Pero el fondo de la cuestión es sencillo. Si tan agraviados se sienten los propietarios de licencias de taxi, que se reconviertan en empresarios de VTC, un mercado que, si se deja evolucionar, no solo es el futuro sino que promete extenderse a una mayor población por ser más asequible, y de paso mejorará el servicio, la seguridad e incluso la imagen de marca España. ¡Qué gran oportunidad!