El resultado del debate sobre el estado de la nación ha sido tan positivo para el PSOE que sus diputados acabaron aplaudiendo a sus portavoces José Antonio Alonso y Eduardo Madina y, éstos a su vez, a los miembros del Gobierno, entre los que faltaba el candidato Alfredo P. Rubalcaba, reunido con sus homólogos de la UE del grupo G-6. Los socialistas sacaron adelante sin dificultad sus 15 propuestas de resolución. Tuvieron el apoyo parlamentario del PNV y Coalición Canaria, y recibieron los votos favorables de CiU y del PP en algunas transacciones concretas. Del PNV aprobaron 13 resoluciones, 8 de CiU, 4 de IU-ICV-ERC, 3 del PP y el resto, hasta un total de 51, de Coalición Canaria, BNG y UPN. A la salida, Zapatero manifestó su “satisfacción” porque cuenta con “el apoyo parlamentario suficiente” para terminar la legislatura.

La resolución más relevante fue pactada por el PSOE, PP y CiU y viene a completar la “inembargabilidad” del sueldo para pagar la hipoteca de la vivienda hasta un límite equivalente a una vez y media el SMI, 691 euros –más el 30% por cada miembro de la unidad familiar sin ingresos: 1.350 euros para una familia media con dos hijos– con el aumento del valor de la vivienda cuando la subasta haya quedado desierta. De este modo se compensa a los bancos, que han de quedarse con esas viviendas con una valoración que no puede superar el 50% de su valor de mercado. La elevación de ese porcentaje legal permitirá a su vez a los embargados cancelar una mayor cantidad de deuda con el banco.

La formula final será determinada, en todo caso, por el informe que eleve al pleno en las próximas semanas la subcomisión de estudio de las hipotecas. Se estima que 300.000 familias han sufrido desahucios y ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis en 2008 y que otras tantas pueden sufrir la misma situación al haber perdido el empleo y no poder hacer frente a los pagos. La “dación en pago” que proponía el grupo de IU-ICV-ERC fue desestimada por los socialistas, que han preferido la supervisión de las condiciones hipotecarias para evitar cláusulas abusivas como el interés mínimo sobre el suelo y el desarrollo de un sistema de mediación para que se puedan conceder créditos “con la única garantía del bien hipotecado”, así como la redefinición de la línea del ICO para compensar la moratoria de las hipotecas.

Los socialistas, que evitaron apoyar la resolución del PP y de Rosa Díez para actuar ya contra Bildu, y prefirieron su propia resolución recordando a los bildus que han de cumplir y hacer cumplir las leyes, respaldaron en cambio una iniciativa de ERC por la que el Congreso pide a los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, del PP, que respeten su lengua oficial –las ramas del catalán– como lengua vehicular en la enseñanza. También respaldaron otra resolución de la izquierda a favor del reconocimiento del Estado de Palestina y de las negociaciones de paz con Israel.

Las resoluciones sobre transparencia, austeridad, simplificación administrativa y el brindis al sol de un impuesto sobre las transacciones financieras fueron respaldadas por amplia mayoría, como también lo fueron las referentes al mantenimiento del sistema de becas y al reforzamiento de los controles sanitarios y de “trazabilidad” sobre los piensos y los productos para la alimentación humana.

Por el contrario, la mayor parte de las medidas que aportó el PP en su cupo de 15 propuestas, y que constituían un boceto de su futuro programa electoral, no lograron los votos necesarios para salir adelante. Entre esas propuestas figuraba una nueva ley de haciendas locales, una ley de apoyo a los empresarios con menos trabas administrativas y reducciones fiscales de 3.000 euros por la contratación de cada trabajador en determinadas circunstancias, la rebaja del IVA, un nuevo pacto sanitario, la reposición de la desgravación fiscal por vivienda y una paga anual de 500 euros por cada hijo nacido y menor de tres años.