El Gobierno electo de México, que presidirá Andrés Manuel López Obrador y que tomará posesión el próximo 1 de diciembre, está trabajando ya en los cambios en la política económica que proyecta desarrollar en línea con el programa que le ha llevado a desbancar al PRI del Ejecutivo. Modificaciones en política fiscal, energética, en inversiones públicas y en la dirección y estrategias de organismos y empresas públicas.

La compañía más relevante del país, también en el ámbito internacional, es la petrolera paraestatal Pemex, que ha acaparado tanto poder en varias etapas de su historia como el que contaba el propio Gobierno. El nuevo presidente López Obrador, de perfil socialdemócrata -según algunos analistas- y populista -según otros-, se ha impuesto, entre otros objetivos, dar más transparencia a su gestión, quizá no reducir sus competencias, y mejorar su eficiencia; en línea, este último punto, con la necesidad de mejorar la producción y la rentabilidad, así como el funcionamiento del sistema de refino.

Además de los cambios en el alto staff de la empresa y en el modelo, en medios mexicanos se señala que las medidas más prioritarias en política energética irían encaminadas a revisar las licitaciones realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que tienen como objetivo dar entrada al capital privado, no sólo internacional, en el superprotegido sector de hidrocarburos, desde las nacionalizaciones llevadas a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas. Y este aspecto, el de la remodelación de la apertura de la competencia, aunque haya sido hasta ahora bastante estricta y no permite traspasar la propiedad, afectará a Pemex.

En este contexto, no sólo quedarían en suspenso, si bien de forma momentánea, las adjudicaciones ya realizadas sino que también se modificaría el contenido de las nuevas o incluso de las anteriores alianzas. Las empresas que operen en México  tendrían capacidades operativas que pueden ser diferentes a las actuales.

A falta de conocer los detalles del programa de López Obrador, que piden tener repercusiones juríduicos, expertos temen que pueda afectar al citado objetivo de revertir el declive de la producción de hidrocarburos. Entre las empresas ganadoras de los concursos hay petroleras pequeñas, medianas de decenas de países y las grandes como Total, BP, Shell, Repsol, Lukoil, la propia Pemex. De España, también Cepsa.

Una de las metas de este plan es obtener información respecto a si las adjudicaciones aprobadas durante el Gobierno de Emilio Peña Nieto -más de 100- se realizaron sin prácticas corruptas.