El Congreso de los Diputados ha dado hoy el visto bueno a la oferta de empleo público extraordinaria aprobada por el Gobierno para atender el fuerte incremento de las peticiones de asilo. Las 323 plazas adicionales servirán para tramitar los 50.000 expedientes que se acumulan en la Oficina de Asilo y Refugio; una cifra que triplica la de 2016, informa el Gobierno.

El Congreso ha convalidado el real decreto-ley de oferta de empleo público extraordinaria de 323 nuevas plazas para reforzar la atención a asilados y refugiados, informa el ministerio de Política Territorial.

Las 323 plazas extraordinarias, que se suman a la oferta de empleo público para 2018 – 30.844 plazas, en total –, se reparten entre el ministerio de Interior, 231 plazas, y el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con 92 plazas.

Los nuevos funcionarios tratarán de aliviar la carga de trabajo que provoca el incremento de demandantes de asilo. En 2016 se registraron 15.000 demandas de asilo; que se duplicaron un año después, con 30.000 demandas; y que llegarán este año a las 50.000 demandas, según las estimaciones de la ministra del ramo, Meritxell Batet.

Los futuros funcionarios se encargarán de tramitar estos expedientes en una labor que realizan junto a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el sector, como Oxfam, Aministía Internacional, Cruz Roja o CEAR.

“No es una medida solo del Gobierno, es también una reclamación de las ONG, y avalada por los sindicatos más representativos de la Administración del Estado”, justificó Batet.

“Es nuestro deber y obligación como país democrático y de derecho respetar y defender las convenciones internacionales suscritas en materia de derecho de asilo y de protección al refugiado”, continuó.

“La degradación de la situación de los derechos fundamentales en países relativamente cercanos nos sitúa ante una responsabilidad que queremos ejercer conjuntamente con el resto de países de la Unión Europea”, sentenció.