El curso parlamentario ha comenzado con el rescate del derecho de todas las personas a la atención sanitaria en el sistema público de salud. Los socialistas y sus aliados circunstanciales lo han hecho posible en el primer pleno del Congreso, que también ha refrendado dos decretos sobre la creación de trescientas treinta plazas de empleados públicos para atender a quienes piden asilo y refugio y sobre la protección de datos personales según el sistema comunitario. Dicen que el curso empieza bien, aunque la derecha neta, el PP, votó en contra de la atención sanitaria a todas las personas y los liberales, Ciudadanos, se abstuvieron.

La salud es lo mejor que podemos desearnos unos a otros. La izquierda generalizó el saludo hace más de cien años, cuando la enfermedad equivalía al dolor y la ruina. Los gobiernos socialdemócratas extendieron la red sanitaria pública y abrieron las puertas de los centros de salud y los hospitales a todos los necesitados de atención sanitaria, con independencia de su procedencia, residencia y patrimonio. Avanzó así la conversión de un derecho constitucional no recogido en el título segundo en derecho humano inalienable. Pero la derecha, el PP, lo restringió a los inmigrantes sin papeles. Acuñó un lema propagandístico tan pegadizo como el famoso «efecto llamada» de aquel ministro millonario (Jaime Mayor Oreja) al que Dios (si existe) confunda, y decretó en 2012 el fin del «turismo sanitario». Con el argumento de ahorrar gasto público en un tiempo de crisis económica y social provocada por la voracidad especulativa de los banqueros, dejó a más de ochocientas mil personas sin atención sanitaria básica o primaria. Murieron varios inmigrantes y hasta se registraron dimisiones por aquella decisión de la ministra Ana Mato (beneficiada de la trama Gurtel de corrupción) y de su superior Mariano Rajoy, al que Dios (si existe) perdone. El ahorro de aquella medida nunca fue cuantificado, señal de que no fue tal, como dijo el jueves en el pleno la nueva ministra del ramo, Carmen Montón. Los convenios de reciprocidad asistencial con los países comunitarios y el hecho de que los inmigrantes sin papeles ni posibles pudieran acudir a urgencias en caso de parto, accidente y enfermedad grave explica la futilidad del argumento económico. De hecho, algunas autonomías mantuvieron el derecho general a la asistencia y ahorraron dolor, euros y complicaciones. Y ahora dice la portavoz del PP en la materia, María Teresa Angulo, que la restauración del derecho sanitario «es humo».

Desde Médicos del Mundo, la organización que desde el primer momento combatió la exclusión y documentó cientos de casos tan injustos como vergonzosos, saludaron la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez con un comunicado. De «buena noticia» y de «importante avance hacia un Sistema Nacional de Salud más justo y solidario» la calificaron. Seis años de lucha contra la regresión y la privatización han rendido sus frutos. Que les pregunten a los pobres, los trabajadores, los inmigrantes empadronados y con trabajo o sin papeles y en paro si el derecho a ir al médico, a restablecer la salud de un niño, a ser escayolados, vacunados, diagnosticados de sus afecciones e intervenidos con cirugía cuando la situación lo requiera es «humo». Que le pregunten a los habitantes de países mucho más ricos que España como Estados Unidos (el patrón monetario que mangonea el mundo), Arabia Saudita o la Rusia de Putin, por solo citar algunos, si la sanidad pública, universal y gratuita es puro humo. Para rechazar el rescate, la señora Angulo se contradijo afirmando que «el decreto ley gubernamental hará que también un ciudadano rico de Estados Unidos que en su país no tiene derecho venga aquí, se empadrone y utilice los servicios que después no podremos cobrar». ¿Ve como no es puro humo?

Con independencia de que ese ciudadano con posibles está obligado a tener seguro médico o suscribirlo aquí, también paga impuestos indirectos (y directos) en nuestro país. Pero ese no es el caso. Lo que molesta a los dirigentes de un partido con grandes escorrentías hacia Ciudadanos es la igualdad de derechos y deberes de las personas. ¿Cómo va a ser igual un desgraciado que un agraciado, un foráneo que un nacional, un negro que un blanco, un patrón que un obrero? Eso y la restricción del negocio a cuenta de la salud es lo que les fastidia. Lo demás se llama cinismo. Y ya es sabido que los cínicos eran una escuela de la antigua Grecia que recibían ese nombre, sinónimo de canelos o perrunos, porque como los canes defecaban y orinaban en público sin sentir pudor. No se cortaban un pelo porque no tenían vergüenza, o sea.