La Guardia Civil está procediendo al registro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y tiene orden de detener al presidente de la SGAE, Teddy Bautista, y otras dos personas relacionadas con la investigación sobre un presunto delito de desvió de fondos y apropiación indebida que dirige el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Desde esta mañana los agentes del Instituto Armado se encuentran en la sede de la institución realizando registros y tienen la orden de intervenir ordenadores y facturas así como otra documentación relacionada con la causa.

La operación está promovida por la Fiscalía Anticorrupción, que lleva dos años investigando presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en la Audiencia Nacional una denuncia dirigida contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un supuesto desvío de fondos en sus actividades, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).

La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias «supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE».

Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.

Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, «el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley».

A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la «malversación» de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como «principal fiscalizador de este tipo de asociaciones».