El preacuerdo alcanzado el pasado año para la integración de la empresas naval francesa Naval Group y la italiana Fincantieri se ha visto envuelto en la dificultades inherentes a una operación de tal calibre, a las que hay que añadir el cambio en el Gobierno de Roma, que ha mostrado que no todos los puntos pactados eran de su total agrado.

En este complejo escenario, las compañías afectadas han trabajado en los últimos meses en la elaboración de planes de cooperación industrial, que están ahora siendo analizados por los Gobiernos. Lo que se destaca en los citados documentos, según medios especializados en industria militar, es que ambos grupos, operando de forma conjunta, pueden lograr sustantivas sinergias y ser más competitivos en los mercados internacionales. Se trata de la creación del líder europeo en la industria naval militar, excepto submarinos, que pueda hacer frente al poder de Estados Unidos y a potencias asiáticas, y que ya se le conoce como ‘el Airbus naval’.

Naval Group, con sede en Francia,  diseña, construye y da soporte para buques de superficie (entre ellos fragatas y corbetas), submarinos, así como sistemas y equipos. Cuenta con una alianza con Thales, a la que adquirió sus arsenales a cambio del 35% de sus capital (el Estado francés tiene un 62,3% de las acciones del astillero). Por su parte, Thales es una empresa también francesa de electrónica centrada en los sistemas de información y servicios para la industria aeroespacial, de defensa y seguridad.

Fincantieri, que facturó 5.000 millones de euros el pasado año y que cuenta con 19.000 personas en plantilla alrededor del mundo, tiene una cartera más diversificada, y tiene suscrita una alianza tecnológica con la empresa Leonardo (antigua Finmeccanica). Estos diferentes vínculos (Thales y Leonardo) es una de las partes más complejas que los respectivos Gobiernos deben solucionar. El constructor naval transalpino adquirió el 50% del astillero francés STX y esta operación es un polémico embrión de las transacciones que ahora se perfilan.

Todo apunta a que la integración incluye el mantenimiento independiente de las empresas afectadas: las complejas composiciones accionariales de las compañías y el celo con el que los Gobiernos intentan preservar sus áreas de influencia impiden ir más allá en la integración que será más industrial, en el caso que el acuerdo siga adelante. Lo que sí están en ‘los papeles’ es un intercambio de acciones, con un tope del 10%. En estas negociaciones se mezclan también asuntos políticos que separan a los dos Ejecutivos y grandes contratos relacionados con la adjudicación de proyectos de alta velocidad en Italia.