Teddy Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SDGAE), y otras ocho personas han sido detenidos en la tarde del viernes por la Guardia Civil, que estuvo registrando desde 11 de la mañana la sede de la SGAE en Madrid. Los cargos por los que han sido detenidos son por un «presunto delito de apropiación indebida» dentro de una causa que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del Ministerio de Interior.

La investigación, denominada «Operación Saga» comenzó hace más de un año (marzo de 2010), y en ella participan más de 50 agentes. Mientras se registraba la sede de la SGAE también se procedía al registro en domicilios particulares y empresas de la Sociedad Digital de Autores, dirigida por José Luis Rodríguez Neri, que presuntamente sería el jefe de la trama junto a varias personas de su familia. En estos momentos, no se descartan nuevos registros en otras sedes que la SGAE tiene en el territorio nacional.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional recibió en marzo del pasado año la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, abriéndose las diligencias previas para que la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil y Anticorrupción comenzaran a investigar en las cuentas de la sociedad. Tras obtener todos los datos, el 30 de junio los investigadores pidieron la autorización del juez para poder realizar los registros en la sede y domicilios particulares, dejando abierta la posibilidad de realizar detenciones, además de pedir el embargo y bloqueo de cuentas. Todas las peticiones de la Guardia Civil fueron atorizadas por el juez Pablo Ruz, que sustituye a Baltasar Garzón.

Las sospechas de la investigación se centraron en las personas de la SGAE que crearon sociedades a las que presuntamente desviaron fondos en perjuicio de la entidad y sus socios, lo que de confirmarse podría ser un delito societario y de patrimonio. Y dado que era la Sociedad Digital de Autores la que firmaba los contratos con las empresas constituidas para presuntamente beneficiar a directivos de la SGAE y familiares, en Anticorrupción han considerado que Bautita tenía que estar al tanto de dichas operaciones y firmar su consentimiento.

Palacio de Longoria

El registro de la sede principal de la SGAE, situado en el céntrico Palacio de Longoria, un edificio de corte modernista, comenzó a las 11 de la mañana, prohibiéndose la entrada o salida del mismo hasta que los agentes de la Guardia Civil fueron registrando el documento nacional de los empleados hasta desalojar el edificio, y se procedió a registrar los despachos.

Muchos de los empleados, incluido el director comercial de la SGAE, Javier Trujillo, que se encontraba fuera de la sede en el momento de entrar las fuerzas del orden, llamaban la atención sobre que esta intervención se hubiera producido justo el día en que la junta directiva de la sociedad había sido ratificada por sus socios, habiendo ganado con un más que amplio respaldo la lista encabezadea por Teddy Bautista, al tiempo que mostraban su preocupación por la imagen que se está dando.

Al parecer, la investigación se decidió abrir a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2007 por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). En dicha denuncia se hablaba de «supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE», aludiendo a la creación de una trama societaria de empresas filiales a las que se desviaban cantidades recaudadas en la gestión de derechos de autor y se invertían en actividadse lucrativas.

Los denunciantes consideraban que se producía un incumplimiento de la ley que exige que se repartan los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de las obras o producciones utilizadas y no, como al parecer se hacía, a mantener empresas privadas con ánimo de lucro prohibido por la ley. Representantes de las asociaciones hablaban este viernes de que estas actividades podrían constituir delitos de «apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones», delitos todos ellos achacables a estas empresas que llevaron a cabo la «malversación» de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como «principal fiscalizador de este tipo de asociaciones».

Los investigadores también han imputado a José Luis Rodríguez Neri, el director general que presuntamente desvió decenas de miles de euros a empresas de su propiedad; el director financiero de la entidad, Ricardo Azcoaga, y el director general, Enrique Loras. Está previsto que el juez Pablo Ruz les tome declaración en las próximas horas en la Audiencia Nacional.

Neri, presuntamente, sería el jefe de la trama, en la que Teddy Bautista no participaba activamente, si bien tenía conocimiento de la misma. Los que también han sido detenidos son la mujer y la cuñada de Rodríguez Neri, Maria Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente, además de Elena García Pombo y Celedonio Martín, relacionados ambos con la empresa Microgénesis, una de las sociedades a las que se desviaban los fondos, de la que su socio director, Rafael Ramos, también ha sido detenido.