
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha optado por desarrollar una reforma estructural del mercado eléctrico, dando prioridad, según sus palabras, a «la respuesta que se merecen 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética». Una de las medidas previas será suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que fue aprobado en 2012 por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, con el fin de abaratar de manera inmediata el recibo de la luz de los consumidores.
Ribera anunció este cambio en el impuesto durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que se ha producido a petición propia. Precisamente en esta jornada del miércoles se producía un nuevo máximo en el pool eléctrico a 74 megavatios-hora.
La ministra ha explicado en la Cámara Baja que actuar sobre los precios a través del impuesto a la generación (7%) es «la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Esta medida podría contar con el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en la misma dirección.
Rebaja de entre el 2,5% y el 4%
La ministra ha precisado los cálculos del Ejecutivo: supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial. Además, esta suspensión se mantendría hasta que se «defina una propuesta de reforma fiscal más global», algo que «debe hacerse con cuidado», aunque fijando señales fiscales coherentes, además de regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.
No obstante, Ribera adelantó que es «más complicado» que se vaya a producir una rebaja del IVA que se aplica a la electricidad (situado en el 21%), ya que se trata de un ingreso propio de la Unión Europea y ésta no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor. «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera a la prensa, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».
A su juicio, el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», conviviendo «lo viejo y lo nuevo» y mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles, por lo que «se debe de actuar». Por este motivo, defendió que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica». También recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros en ese periodo.
Paquete de medidas
Pero la suspensión del impuesto a la generación no será la única decisión ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presentará un paquete de medidas «en las próximas semanas» con el objetivo de frenar la «espiral alcista» del precio de la electricidad. Ribera ha adelantado que en este paquete también se incluirá la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables. Para lograrlo se «mejorará» el bono social eléctrico y se creará uno nuevo que afectará directamente a la calefacción. El objetivo es que estos cambios entren en funcionamiento el próximo invierno.
En concreto, el nuevo bono social eléctrico -ha explicado Ribera- que había aprobado el anterior gobierno el pasado año adoptará medidas que puedan aplicarse «desde ya» con el fin de proteger a los consumidores vulnerables (personas mayores y familias monoparentales, entre otros colectivos) «que no quedaban cubiertos en el marco actual». La ministra también ha hecho referencia a la confusión y problemas del bono aprobado por el Gobierno del PP, cuya solicitud tuvo que ser ampliada ante el próximo mes de octubre.
Funcionamiento interno
La modificación de la reglas del mercado afectarán a su funcionamiento interno y a la fiscalidad. Teresa Ribera, que se ha mostrado siempre en contra de parchear la disfunciones del sistema, ha añadido que sin un cambio sólido no se podrán abordar los problemas que se deben solucionar.
Ha respaldado, una vez más, el apoyo a las energías renovables, por su eficiencia y porque cuentan con costes variables cero, si bien llegar a una generación 100% de ese conjunto de tecnologías es un camino que la faltan etapas que superar. Solo por esta vía se podrá lograr precios estables y predecibles, en su opinión. Y ha añadido que es una obligación del Gobierno a la que responderá. El ministerio está abordando una ampliación del bono eléctrico para que se puedan beneficiar un mayor número de ciudadanos y con un acceso más fácil que en la actualidad.
Para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera ha planteado diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los conocidos como ‘PPA’, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.
«España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto.
Además, también considera necesario implementar medidas de actuación preferente en materia de ahorro y eficiencia energética como, por ejemplo, incorporar nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público.
En esta línea, Ribera ha asegurado que el Gobierno adoptará medidas para combatir la pobreza energética. «Creo que es la prioridad fundamental», ha dicho, señalando que las reformas tendrán «un enfoque integral» para garantizar el suministro de las personas más vulnerables. Mientras, ha abogado por cambios que tengan un «impacto inmediato». En ese grupo estará la eliminación del llamado impuesto al sol, lo que se traduce en apoyo al autoconsumo. El ministerio defenderá frente Hacienda un recorte de las cargas fiscales a la generación.
El autoconsumo
Respecto al autoconsumo, y en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», ha explicado.
También se ha referido a la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, centradas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento.
Según la ministra, «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha, y aunque vamos tarde, tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió al respecto.
De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad».
A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.
Plan contra la pobreza energética, en seis meses
Por otra parte, Ribera anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.
Además, señaló que se propondrá medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.
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