Aunque esta figura tiene distintas implicaciones según el caso concreto, de forma general se puede decir que los aforados gozan de ciertos privilegios frente al Poder Judicial en comparación al resto de ciudadanos. De ellos, el más común es la de ser juzgados por tribunales especiales en caso de estar sujetos a procesos judiciales. En España existen alrededor de 250.000 personas con este estatus, según hizo público el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en marzo del año pasado. De ellas, solo unas 2.000 ocupan un puesto político, tal y como se calcula en trabajo académico ‘Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales’.