No al indulto

25/09/2018

Josep M. Orta.

Las palabras de la delegada del Gobierno en Catalunya Teresa Cunillera asegurando que vería con buenos ojos que se indultara a los presos políticos ha levantado ampollas en todos los sectores. Las reacciones de los partidos cuyos dirigentes no ocultan su odio a Catalunya e incluso aceptan episodios violentos justificando el “patriotismo” de sus autores son harto conocidas.

Pero la propuesta tampoco es bien vista en muchos sectores nacionalistas dado que consideran que algunos ya han condenado de antemano a presos y exiliados. Ellos están firmemente convencidos de su inocencia, de cómo se han retorcido las leyes para formular sus acusaciones y como la película que se ha montado en torno de este conflicto y la realidad de lo que sucedió es pura coincidencia.

Mientras la veintena de recursos ante el Tribunal Constitucional por actuaciones del gobierno del PP o por decisiones judiciales almacenan polvo en los cajones del Alto Tribunal, recursos que van sobre la aplicación del artículo 155, la vulneración de los derechos de los cargos electos, la decisión de interrumpir una sesión de investidura o por la prisión preventiva, entre otros. Temas, todos ellos, que han de servir para evaluar la calidad democrática del país.

Todos son conscientes que la actuación de los tribunales españoles están bajo sospecha y que la última palabra en este proceso la tendrán los tribunales europeos, dando por sentado una sentencia condenatoria en la Audiencia Nacional, argumente lo que argumente la defensa. Como aperitivo diferentes juzgados de países comunitarios, una vez sí y otra también, han desautorizado a los jueces españoles (y no pocos dirigentes políticos han puesto el grito en el cielo, ya no creen en aquello del respeto a las decisiones de los tribunales).

Incluso el juez Llarena pidió amparo al Poder Judicial ante la denuncia que presentaron Puigdemont y otros políticos exiliados. Del desprecio inicial (algo sorprendente en un jurista) se pasó a que el Gobierno contratara deprisa y corriendo a un bufete de abogados belgas dotándolo de una cuantiosa provisión de fondos de más de medio millón de euros ante el temor de que la justicia española sufriera un nuevo revés. Y esto que este caso es un tema menor.

Los socialistas, que avalaron la aplicación del artículo 155, se encuentran prisioneros de la judicialización de un tema político y están entre la espada y la pared ante un poder judicial que corporativamente cierra filas ante las discutibles decisiones de su cúpula, aunque siempre podrán alegar que el conflicto lo han heredado de sus predecesores. En cualquier caso ello no resuelve el desencuentro de Catalunya y España, y menos aún cuando algunos lejos de buscar soluciones se dedican a echar más leña al fuego. En cualquier caso lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial español y en esto la última palabra parece que la tendrán los tribunales europeos. Y puede pasar que lo que es verdad de Pirineos abajo no lo sea de Pirineos arriba.

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