El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoce que indexar las pensiones a un único indicador puede causar a largo plazo «más efectos perversos que positivos». En la presentación del informe ‘Las pensiones en España’, realizado por el Consejo General de Economistas, asegura que el Gobierno está comprometido con la revalorización de las pensiones y que lo que está en discusión es el procedimiento: que esté o no más vinculado al crecimiento del PIB, a los ingresos del Estado, al crecimiento de las cotizaciones y de los precios, o a otros indicadores.

«Si reconocemos que España es un país con una esperanza de vida muy alta, tenemos que asegurar una pensión inicial razonable y luego garantizar su revalorización. El pensionista no puede actuar de la misma forma que un activo para compensar los problemas de su vida»,  argumenta.

Granado cree que el debate sobre cómo revalorizar las pensiones acabará solventándose con una revalorización razonable para 2019, que mantenga el poder adquisitivo, y con otro indicador, de carácter permanente, que cuente con un acuerdo «suficiente» en el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social.

«No hay ninguna justificación» para no ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión por los beneficios que tiene para los trabajadores despedidos en la última parte de su vida laboral.

El secretario de Estado ha asegurado que el Gobierno va a trabajar para que la Seguridad Social reduzca su déficit y que el recurso al Fondo de Reserva sea el menor posible. El Gobierno ve con buenos ojos que, en el Pacto de Toledo, se valorara la posibilidad de que este fondo se nutriera también de aportaciones de la economía española y no sólo del sistema de pensiones.

“No es momento de caer en el desánimo, sino de actuar con urgencia”

El estudio ‘Las pensiones en España’, editado por el Consejo General de Economistas, es fruto de un equipo dirigido por el catedrático de Economía Guillem López-Casasnovas y formado por  Nacho Álvarez (Universidad Autónoma de Madrid), José Ignacio
Conde-Ruiz (Complutense de Madrid), Josep González Calvet y Montserrat Guillén (Barcelona), Sergi Jiménez (Pompeu Fabra) e Ignacio Zubiri (País Vasco).

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, proclama que “no es momento de caer en el desánimo, sino de actuar con urgencia”. Pero avisa del “efecto Pigmalión” en las pensiones: “Al igual que el miedo infundado a una quiebra puede hacer que los clientes retiren sus depósitos y que la entidad acabe quebrando de verdad, si damos por sentado que el sistema público no tiene solución, acabaremos por hundirlo”. “¿Cómo vamos a hacer previsiones sobre nuestro futuro si no se definen las reglas del juego?, ¿para qué va a esforzarse un autónomo en cotizar más si el sistema no
le da garantías?”, se pregunta.

Guillem López-Casasnovas reconoce  que “ciertamente no hay hoy en España una solución clara a la vista ni derivable de un solo instrumento». «Se tratará de acompasar
diversas medidas, ajustadas y ponderadas a cada situación, lo que requiere más debate técnico que diatriba política”, señala. Pero “sin una mayor concienciación social, ciudadana, de los efectos intergeneracionales de mantener la actual situación de las pensiones y de las consecuencias de algunas de las alternativas de reforma hoy postuladas, va a resultar imposible reorientar la deriva de inequidad contra las generaciones futuras a la que estamos abocados. Las pensiones son una parte, las transferencias generacionales se han de valorar desde el conjunto del
gasto social”, advierte.

“El orden de magnitud del problema de las pensiones y de la demografía en España es tal que no resulta manejable ya para comisiones como la que hoy representa el Pacto de Toledo en el debate partidista general. Hace falta pensar en otra estrategia”, añade.

El presidente de Economistas Asesores Laborales, Roberto Pereira, destaca que “el futuro de las pensiones, la sostenibilidad del sistema, exige que se tomen medidas y se haga con el tiempo suficiente para que cada trabajador conozca anticipadamente a su jubilación cuáles son sus derechos y pueda, en su caso, complementar o planificar adecuadamente su futuro para no sufrir mermas en su poder adquisitivo y, sobre todo, no
tener nunca dudas de la solvencia y capacidad del sistema para asegurarle su pensión de jubilación”.

El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, reclama un Pacto de Estado en materia de pensiones: “No se puede soslayar una cuestión económica y social de primera magnitud, como son las pensiones, de cuyo acertado o desacertado tratamiento va a depender en gran medida el sostenimiento, a medio y largo plazo, del Estado del Bienestar”.