El Gobierno se dispone a redoblar el control de las bajas médicas. A partir del mes de octubre, y hasta finales de año, 267 inspectores médicos llevarán a cabo 64.000 controles adicionales entre los trabajadores que están cobrando la prestación por incapacidad temporal, a fin de comprobar si esas bajas están “médicamente justificadas”, teniendo en cuenta la “concreta actividad laboral del trabajador”.

El plan costará 300.000 euros, pero el Gobierno prevé ahorrar 33 millones en una partida que ronda los 8.000 millones anuales, y crece a un ritmo anual del 10%.

La directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Gloria Redondo, ha anunciado hoy este Plan de intensificación del control médico sobre las situaciones de incapacidad temporal previsto para el último trimestre del año.

Las actuaciones de los 267 inspectores médicos se sumarán a los controles habituales. Las 64.000 inspecciones adicionales elevarán un 25% la actividad inspectora hasta finales de año.

El plan costará 312.000 euros, llamados a compensar las cuatro horas adicionales de los inspectores médicos, que se han presentado voluntariamente para ejecutarlo.

Seleccionados por tecnología informática

Por su parte, los trabajadores que deberán someterse a estos controles médicos, serán seleccionados mediante procedimientos informáticos “de última generación”, afirman desde el INSS.

Se trata de verificar que están “médicamente justificadas” esas situaciones de incapacidad temporal, y el pago de las correspondientes prestaciones, teniendo en cuenta “la concreta actividad laboral del trabajador”, matizan.

El Gobierno estima que ahorrará 33 millones de euros con estos controles médicos especiales en los procesos de incapacidad temporal, cuyo gasto viene creciendo un 10% anual desde 2013, y que el año pasado supuso 7.586 millones de euros.

La incapacidad temporal es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, y recibe asistencia sanitaria.

En la actualidad hay cerca de 18,15 millones de trabajadores protegidos por contingencias comunes; de los cuales casi 14 millones están cubiertos por las mutuas; 4,15 millones por el INSS, y poco más de 35.000 por el Instituto Social de la Marina.

En 2018, el gasto presupuestado para esta prestación ronda los 8.000 millones de euros.