Susana Díaz ha argumentado este lunes su decisión de adelantar las elecciones andaluzas al 2 de diciembre, cuando deberían convocarse en el mes de marzo de agotar legislatura, porque la comunidad «necesita tener estabilidad» y ve «imposible» aprobar el presupuesto andaluz para el próximo ejercicio; para que los comicios tengan «acento andaluz», y también porque Andalucía «no se merece una campaña de entre cinco y seis meses, y prolongar esta situación no es bueno ni para Andalucía ni para nadie».

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo andaluz en una comparecencia en el Palacio de San Telmo, tras haber deliberado con el Consejo de Gobierno, en una reunión extraordinaria, su decisión de anticipar las elecciones y firmar el decreto de disolución del Parlamento que llama a los andaluces a las urnas el próximo 2 de diciembre. En este marco, ha confirmado que la primera persona con la que ha hablado una vez que ha tomado la decisión ha sido con el presidente del Gobierno y secretario general de su partido, Pedro Sánchez.

Díaz ha defendido que las elecciones se trasladen a diciembre porque «es mejor que cuando empiece el nuevo año Andalucía tenga un nuevo Parlamento elegido libremente por los andaluces» y porque en las últimas semanas ha constatado «la imposibilidad» de aprobar las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio después de que Cs «haya anunciado su voluntad de no negociarlos» en esta ocasión. Los tres últimos presupuestos andaluces salieron adelante con el respaldo del PSOE-A y Cs, partido con el que mantenía un acuerdo de investidura.

Otro de los argumentos esgrimidos por la presidenta es que Andalucía «no se merece una campaña electoral de cinco o seis meses», de modo que en un acto «de responsabilidad» ha optado por adelantar los comicios, también «dando respuesta a las apelaciones que me han hecho los agentes sociales, a los que he consultado estos días». «El 2 de diciembre también es una garantía de poder celebrar las elecciones centrada en Andalucía, con acento andaluz y hablando de los problemas de nuestra tierra», ha agregado antes de apuntar que estas elecciones «son importantes por sí mismas». «Es el momento de reforzar la confianza de los ciudadanos en su legítimo Gobierno, alejarnos de incertidumbres», ha añadido Díaz para remachar que «Andalucía necesita un horizonte despejado en el que todos seamos capaces de construir la mejor comunidad». «Esta decisión la tomo pensando en Andalucía, que merece, a diferencia de lo que le ha pasado a este país, tener estabilidad, seguridad y certidumbre», ha sentenciado la presidenta, quien ha querido dejar claro que es «feliz» con esta responsabilidad y que siempre quiere «lo mejor» para su tierra.

Ha señalado que no iba a entrar a valorar los motivos de Cs para no negociar unos nuevos presupuestos autonómicos, al tiempo que ha apuntado que PP y Podemos no han mostrado en toda la legislatura ningún compromiso de gobernabilidad con esta tierra ni con la aprobación de las cuentas autonómicas. Ha indicado que la oposición, con «la boca chica», pedía sentarse a hablar de los presupuestos, pero al mismo tiempo le reclamaba adelanto electoral.

Asimismo, la tercera razón para el adelanto, según ha recalcado la presidenta, es la garantía, con la fecha del 2 de diciembre, de que se celebrarán unas elecciones centradas en Andalucía, con «acento andaluz». Si se celebrarán en marzo, que es cuando tocaban, la cercanía de las elecciones municipales, europeas y autonómicas en otras comunidades supondría un «obstáculo» para toda la atención que merece esta comunidad.

De otro lado, la presidenta Díaz ha sido preguntada sobre el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dado a conocer por el PP-A, que expone la existencia de hasta ocho tarjetas bancarias en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), con las que se habrían gastado un total de 31.969 euros en «doce juergas» en clubs de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Ante la insistencia de los periodistas, se ha limitado a señalar que el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y el consejero de Empleo, Javier Carnero, han dejado «clara» la posición del Gobierno andaluz sobre este asunto y que la suya propia también es conocida.