Acuerdo para blindar el sistema sanitario contra privatizaciones

11/10/2018

diarioabierto.es.

El Gobierno pretenden blindar el sistema sanitario contra «corrientes privatizadoras y ataques» por parte de sectores interesados, además garantizará la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita para los españoles que residen fuera, y extenderá este mismo derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española.

Estas son algunas de las medidas en materia de sanidad que han pactado el Gobierno y Podemos en su acuerdo sobre los Presupuestos de 2019, que contempla, con el fin de asegurar el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad a toda la población, medidas como revertir los copagos – anunciada desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo-, y el derecho de atención sanitaria inmigrantes en situación administrativa irregular, regulada ya por el Gobierno mediante un Real Decreto.

Entre las principales novedades de este acuerdo se encuentra su intención de «blindar» la sanidad pública, y para ello anuncia la creación de una Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que en el plazo de 6 meses analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla, blindando el carácter universal, gratuito y público del sistema sanitario.

«Se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización», argumentan en defensa de esta medida incluida en el acuerdo que han firmado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Otra medida, ésta ya anunciada, la de revertir copagos es incorporada dentro del acuerdo al considerar que la imposición de copagos a los pensionistas constituye una barrea de acceso a los tratamientos perjudicando su salud. Por ello, anuncia que se eliminará el copago farmacéutico introducido en el Real Decreto-Ley 16/2012 del anterior Ejecutivo.

Se hará de forma progresiva en esta legislatura, empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad -pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos 5 millones de pensionistas- y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a cargo, lo que afecta a 1,8 millones de personas.

La gran novedad dentro de este punto se que se cerrará la puerta a los copagos sanitarios a los que daba pie el citado Real Decreto Ley, como los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos orto protésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que regulan dicha materia en del Real Decreto 16/2012, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Recordando que «la sanidad es un derecho universal y no un negocio», recuerda que el anterior Ejecutivo modificó este derecho unilateralmente y lo vinculó a la condición de asegurado, excluyendo de esta forma a colectivos especialmente vulnerables como los inmigrantes en situación administrativa irregular y a las personas que se vieron obligadas a salir fuera de nuestro país.

«Recuperar el acceso universal a la sanidad como derecho básico de todas las personas ha sido una de las líneas prioritarias». En este sentido, se acuerda trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, «que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad», para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria.

Esto es, que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria debido a un problema burocrático o a que se pueda producir una interpretación dispar por parte de una administración.

Por otro lado, y como novedad, se extenderá este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, eliminando la práctica que viene desarrollando desde 2012 el Instituto Nacional de la Seguridad Social de negarles atención sanitaria dentro del SNS.

Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de 11 acogida o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español.

El anterior Ejecutivo excluyó a las personas que se vieron obligadas a salir de nuestro país para buscar trabajo al considerar que pasados tres meses de estancia fuera del territorio español se perdía la titularidad del derecho, por lo que es necesario revertir esta situación.

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