Esta ‘acción de oro’ otorgaba al Gobierno portugués la capacidad de vetar decisiones estratégicas de las compañías, como sucedió en junio de 2010 con la venta a Telefónica de la brasileña Vivo, filial de PT, que finalmente tuvo que ser aceptada por el Ejecutivo luso tras declarar el TUE la ilegalidad de este privilegio.

«La eliminación de estos derechos tenía que ocurrir» asumió en rueda de prensa el ministro de Finanzas portugués, Vitor Gaspar. «Son incompatibles con la competencia», reconoció el ministro, quien precisó que el Estado pasa a ser un accionista más al que le corresponde la decisión de mantener o vender estas participaciones.

Asimismo, el titular de la cartera lusa de Finanzas indicó que «no se contempla ninguna compensación» a raíz de la eliminación de la ‘acción de oro’ del Estado en estas empresas y aseguró que su retirada forma parte de un proceso de privatización que permitirá la revalorización de estos activos, lo que beneficiará también al Estado.