La gasolina y el gasóil se están convirtiendo en la gallina de los huevos de oro. Si ya lo era con pingües beneficios para los países productores, que año tras año ponen las economías mundiales en la picota, para los gobiernos de los países desarrollados se ve el combustible como el maná para sacar dinero en forma de impuesto: el impuesto sobre hidrocarburos, IVA e impuesto especial. Entre los tres suponen que las arcas del Estado se llevan más del 75% de lo que los consumidores pagamos en las estaciones de servicio por llenar nuestros depósitos. En total, alrededor de 17.000 millones de euros anuales, por un sobrecoste que en el caso e la gasolina es del 110%, del gasóil del 80% y de gasóleos especiales del 35%.

Pero el Estado no es el único que obtiene recursos por esta vía. Los ayuntamientos, por su parte, llevan décadas cobrando el impuesto de circulación, que se va incrementando ejercicio tras ejercicio como los baches de las grandes ciudades, para los que no hay dinero -nos dicen- por la crisis. Y luego está el impuesto de matriculaciones… Se habla también de la ecotasa sanitaria y lo último, la patronal de las constructoras, Aerco, que acaba de proponer que se  cobren tres céntimos adicionales por litro de combustible vendido para arreglar las carreteras.

Las constructoras, afectadas por la crisis y el recorte en obra pública, consideran que es necesaria una esta tasa aplicada a los combustibles para lograr recursos suficientes para garantizar la conservación de las carreteras. Ya han hecho los cálculos, y consideran que con este nuevo impuesto se podrían obtener 367 millones de euros anuales, 17 millones más que lo que cuenta mantener el firme de la red estatal de carreteras cada año.

«Es un importe soportable para el ciudadano», ha argumentado el presidente de la Asociación de Constructoras de Obra Pública, Javier Saénz de Cosculluela, quien asegura que con este medida se garantizaría el correcto estado de las carreteras y  se podrían salvar «muchos empleos».

Las constructoras son conscientes que a la crisis de la construcción de vivienda se ha sumado una caída de la licitación de la obra pública, que entre enero y mayo de este año descendió un 38,7% en comparación con la evolución que tuvo en los cinco primeros meses de 2010, según datos de Seopan. Como hemos publicado en diarioabierto.es, se ha licitado obra pública por valor de 7.224 millones de euros hasta el pasado mayo, siendo el Gobierno central que el que ha promovido la mayor parte de la inversión realizada en obra pública en España, al concentrar el 40% de la inversión total.

Seopan recalca que este posicionamiento se debe al amento del 50% registrado por la licitación de obras promovidas desde el Ministerio de Fomento, que por si solo ha sumado 2.376,8 millones. En esta cantidad se encuentran las obras licitadas del AVE en los cinco primeros meses del año, que casi triplicaron los registros del mismo periodo de 2010, al incrementarse en un 161%.

No obstante, las grandes infraestructuras también sufrieron una rebaja del 18% de inversión, al sumar 4.949,9 millones, el 68,5% del total. En este capítulo, no obstante, destaca el aumento en un 75% de los contratos de las obras ferroviarias (AVE) y el aumento en un 15,8% de los nuevos trazados de carreteras. El lado más negativo lo registraron puertos (con un descenso del 66% de las obras portuarias), así como de las obras medioambientales, cuya inversión retrocedió un 67%.

Pese a que ha aumentado el dinero para los nuevos trazados de carreteras, las constructoras necesitan más dinero para atender los gastos de mantenimiento. Es por este motivo por el que Aerco insistía este martes en crear una nueva tasa sobre los carburantes, que de por si ya cuentan con tres tipos de impuestos: el de hidrocarburos, un tributo lineal que se aplica por volumen de consumo en función del tipo de carburante; el impuesto especial de ventas minoristas, cuya recaudación se destina a financiar parte del gasto sanitario. Y, finalmente, el IVA, que también grava los carburantes.

Blanco, lo tendrá en cuenta

Tras conocer la propuesta de Aerco, el ministro de Fomento, José Blanco, considera que España «no es capaz de mantener y conservar las infraestructuras sin tocar el sistema impositivo», por lo que ha asegurado que valorará la propuesta de Aerco, de articular un nuevo impuesto sobre los combustibles para los vehículos que circulan por carretera en España. Según los datos del ministro, mantener la red autovías supone cada año cerca de 2.000 millones de euros y tras recordar que «España tiene la red de autovías libre de peaje más extensa de toda Europa», considera que habrá que «plantearse seriamente si con los recursos que tenemos somos capaces de tener el mejor Estado del Bienestar, las mejores autovías y la menor carga impositiva».

En ese sentido, tras recordar que «España es el segundo país que menos impuestos sobre hidrocarburos paga de toda la UE», ha apuntado la necesidad de «reflexionar sobre si somos capaces de buscar recursos para garantizar una buena conservación de las carreteras», algo que ya planteó a las comunidades autónomas a las apuntó la necesidad de «acordarlo antes de las elecciones generales». Pero Blanco insistió en que nuestro país «no es capaz de mantener un sistema de conservación de infraestructuras y seguir construyendo las infraestructuras necesarias sin tocar absolutamente nada del sistema impositivo; esa reflexión hay que hacerla», ha agregado el ministro, para el que la llamada de los constructores «es una propuesta sobre la mesa, una propuesta más que habrá que estudiar».

Blanco considera que en España «nos falta un poco de patriotismo, pues todo nos ha salido gratis» y ha recordado que España «ha llegado a invertir el 1,16% del PIB en infraestructuras, mientras que países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido invierten por debajo del 1%», de forma que nuestro país «posee el mayor número de kilómetros de infraestructuras y autovías de toda Europa».

Por último, el ministro de Fomento ha recordado asimismo que el país «ya no va a tener los mismos recursos que teníamos», por lo que considera que «habrá que empezar a pensar en las infraestructuras con un sentido económico, hacer estudios de viabilidad y rentabilidad económica; hay que empezar a trabajar un poco más con un sentido económico de las infraestructuras y priorizar aquellas que generen más productividad y competitividad», ha agregado.