El anuncio del cierre por la multinacional del aluminio Alcoa de sus instalaciones en La Coruña y Asturias es quizá el mayor revés que puede sufrir la industria española en muchos años. Y parece difícil que tenga solución. La compañía norteamericana había avisado en ocasiones anteriores que las cifras en España no le cuadraban por el alto coste de la electricidad; el factor, junto al precio de la alúmina, más relevante para que este proceso sea rentable.

Ahora el aviso por parte de Alcoa de que la única salida es pactar las mejores condiciones posibles para los 700 trabajadores afectados, ha devuelto de nuevo a la actualidad los costes eléctricos que soportan algunas empresas, por más que se puedan beneficiar de mecanismos que reducen la factura a los grandes consumidores. Y van desde Arcelor, Acerinox, Asturiana de Zinc, Ercros, Celsa o FerroAtlántica.

En este contexto, la asociación que agrupa a gran parte de la industria electro-intensiva española, Aege, señala que el suministro eléctrico llega a suponer desde un 10% hasta un 50% de los costes de producción. Y, como consecuencia, el encarecimiento de la electricidad «conlleva de inmediato una pérdida real de competitividad industrial, que
amenazaría su futuro si esta situación se prolongará en el tiempo, como apuntan los mercados de futuros para 2019».

En ese colectivo empresarial está gran parte de la llamada industria pesada: siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales que facturan más de 20.000 millones de euros y generan 186.000 empleos, según los datos de la citada asociación. En conjunto suponen el 11% de toda la demanda española de electricidad, por lo que son muy sensibles a los precios del mercado diario.

Este factor, afirman, les dificulta la competitividad en los mercados internacionales. Aege estima que las empresas tuvieron el pasado año «un sobrecoste estimado de 450 millones de euros con respecto a Alemania, mientras que en lo que va de 2018, la situación ha empeorado de manera preocupante, con un precio del mercado unos 8 megavatios-hora más caro que el año anterior».

En este contexto alertan de la «disminución del 40% de la retribución del servicio de interrumpibilidad», mecanismo que beneficia a los grandes consumidores. A su juicio, y como han señalado agentes del sector, «el encarecimiento del precio del mercado eléctrico en 2018 se debe a las ofertas que se realizan por parte de los generadores marginales. Estos trasladan los incrementos de costes de los combustibles y de
los derechos de emisión del CO2, principales causantes de la escalada de precios este verano, que no se ven contrarrestados por la producción renovable.

Y piden un cambio de modelo que iguale las condiciones del suministro eléctrico en España con las de nuestros principales competidores europeos: fomentar los contratos a largo plazo (PPAs) a precios competitivos, implementar mecanismos de compensación (como los existentes en Alemania y Francia), y consolidar el servicio de interrumpibilidad.