El Consejo de Ministros ha aprobado los anteproyectos de ley sobre el impuesto digital y a las transacciones financieras y otro en materia de lucha contra el fraude fiscal que transpone la Directiva antielusión.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destaca que el lunes 15 de octubre el Gobierno presentó el plan presupuestario y, apenas cuatro días más tarde, empieza a cumplir con los compromisos que se adquirían en ese documento y a demostrar la voluntad del Ejecutivo de avanzar por la senda que se ha marcado.

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Solamente se someterán a la tributación del 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. Se trata de una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria.

Limitación de pagos en efectivo

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal. El Gobierno ha anunciado la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón de euros) y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros.

El resto de medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de cara a 2019 se incluirán en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, dado que se trata de incrementos o modificaciones de impuestos ya existentes, por lo que no es necesario aprobar normas específicas.