Lo hace, según explica en una nota el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, por tratarse la decisión conocida de un «giro radical» en la jurisprudencia y habida cuenta de «su enorme repercusión económica y social».

De esta forma, la Sala Tercera del Supremo ha decidido someter la decisión al pleno del organismo formado por 31 magistrados, en lugar de los 6 que dictaminaron la sentencia.

Al mismo tiempo, ha dejado sin efecto, por el momento, todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objetivo similar.

El alto tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero, interpretó el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento y concluyó que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, como su jurisprudencia anterior sostenía, sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Esta decisión anulaba un artículo del reglamento del impuesto, que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto, por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Al mismo tiempo, implicaba la modificación de su jurisprudencia anterior y anulaba una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó que son los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que dio la razón a los bancos.

Tras conocerse el jueves la sentencia, los seis bancos del Ibex 35 llegaban a perder cerca de 5.500 millones de euros de capitalización bursátil en una sola jornada.

El hecho de que sea el banco el que debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de una hipoteca, así como el posible carácter retroactivo de la decisión, podría lastrar las cuentas de las entidades financieras.

La responsabilidad del pago de este impuesto podría tener un coste superior a los 4.000 millones, según cálculos realizados por la firma de calificación crediticia Moody’s, que incluso calificaba este dictamen de más agresivo que el de las cláusulas suelo.